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Cinco datos curiosos sobre el caño Tiburones

Les comparto un artículo publicado hoy en la versión electrónica de El Nuevo Día sobre el Caño Tiburones.

Vista aérea del Caño Tiburones.

Vista aérea del Caño Tiburones. Foto:  © David González, 2011 (publicada en flickr)

ARECIBO- Considerado único en su clase en Puerto Rico y el Caribe, el Caño Tiburones, ubicado en este municipio, ha fascinado a grandes y chicos desde la época de la colonización española tanto, por su riqueza ecológica como por las oportunidades recreativas que ofrece.

Más aún, a mediados de siglo pasado, muchas áreas de humedales -como el caño Tiburones- fueron drenadas para dar paso a la agricultura y la ganadería. Sin embargo, esta operación resultaba muy costosa y los cultivos no permitían recuperar la inversión.

Fue así como en 1998, tras la designación de parte del caño como reserva natural, que la política pública cambio para fomentar su reinundación, es decir, devolverlo a su estado natural.

A continuación, cinco detalles curiosos del caño Tiburones:

1) Está ubicado entre Arecibo y Barceloneta, en la región del karso del norte, y se alimenta tanto de aguas superficiales como subterráneas.

2) Como hasta 1998 era un área utilizada con fines agrícolas y ganaderos, en los canales que hoy cubre el agua se observan vestigios de cemento y puentes por los que alguna vez pasaron autos.

3) Aunque el caño lo integran alrededor de 7,000 cuerdas, solo 3,425 están designadas como reserva natural y bajo la tutela del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Las demás están en manos de la Autoridad de Tierras.

4) Es hábitat de al menos 125 especies de aves nativas y migratorias, entre estas la gallareta, el pato chorizo, la tigua y la chiriría.

5) Las actividades de pesca y kayak están permitidas en las aguas del caño.

Actualmente, las autoridades ambientales y la Legislatura investigan una sospecha de contaminación en el caño Tiburones supuestamente relacionada a que los jugos de la basura (lixiviados) del vertedero de Arecibo están llegando al área.

Para ver las fotos publicadas por El Nuevo Día, presiona aquí.

 

El Área de Planificación Especial del Carso

El Carso Norteño. Foto por Alberto López.

La siguiente noticia fue escrita por Nelson Gabriel Berríos y publicada en El Nuevo Día en la sección de Construcción el 5 de octubre de 2013.

A partir de diciembre de este año entrará en vigor el Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso (Prapec) que regulará la construcción y actividades en las zonas calizas y restringidas de gran valor ecológico.

Las implicaciones de este nuevo plan, que se ha estado preparando desde 1999 y se retrasó por 14 años hasta culminar ahora, son múltiples en términos ambientales y para la industria de la construcción, entre otros negocios. Por ello, la Junta de Planificación estuvo realizando vistas públicas en septiembre en Guayanilla y Arecibo y extendió hasta el 26 de octubre el periodo para que ciudadanos y grupos expongan su sentir sobre el plan.

“Casi el 10% de Puerto Rico (un 9.7%) es un carso restrictivo, en el sentido de que es de gran valor ecológico y hay que protegerlo”, explicó el presidente de la Junta de Planificación (JP) Luis García Pelatti.

Hay tres grandes zonas de carso en Puerto Rico: el carso del norte (que es continuo desde Aguadilla hasta Las Picúas, en Río Grande), el carso del sur y el carso del centro. Estos últimos son dos zonas dispersas en varios municipios. En el Plan, se identifica el 9.7% del terreno en que no se puede construir como APE –RC (Área de Planificación Especial Restringida Cársica) y una zona mayor que llega a un 28.8% de Puerto Rico como APE-ZC (Área de Planificación Especial Zona Cársica), donde se puede construir pero hay que notificarle ahora del proyecto al Departamento de Recursos Naturales. Esto produjo alguna inquietud en constructores y se han estado reuniendo con JP para aclarar dudas.

Tanto la JP como el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) se dieron a la tarea de culminar este plan, luego de tanta demora que hasta llegó a tribunales cuando en el 2005 el grupo Ciudadanos del Carso demandaran a sus agencias y a la entonces Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) por no cumplir la Ley del Carso de 1999. Se reclamaba proteger estos terrenos por su valor ecológico, vinculado a los acuíferos del país, por su valor ecológico pues incluyen zonas de piedras únicas en el mundo y para el disfrute de la naturaleza.

“El carso tiene un valor por ser un poco la esponja de los acuíferos del norte. Pero tiene un valor también porque la condición de roca bastante inaccesible hace que flora y fauna estén presentes”, explicó García Pelatti.

“No es posible construir todo Puerto Rico. Eso no es posible. Pero el conservar terrenos naturales como el carso también tiene un elemento económico desde el punto de vista del turismo. En el carso está el radiotelescopio, en el carso es que están las cuevas de Camuy, el río escondido de Florida. Los mogotes del norte de Puerto Rico son comparables al sureste asiático, en Vietnam. Igual que tenemos El Yunque esos mogotes podrían ser un elemento turístico que no lo hemos explotado”, comentó García Pelatti.

El peligro de construir en el carso

En cuanto a las restricciones del plan, el presidente de la JP planteó la importancia de cumplir la Ley enmarcado en el reciente caso del derrumbe de un mogote en la urbanización Villa España de Bayamón.

“Hay un elemento de riesgo. El carso no es un lugar para construirse, está lleno de sumideros. Son terrenos inestables por su propia naturaleza. Por lo tanto es un peligro construir ahí. El caso más reciente es el mogote Santa Ana en Villa España. Ese mogote va a estar incluido dentro de los terrenos que estamos protegiendo”, comentó.

De hecho, la JP está preparando un estudio sobre el caso de derrumbe de la Calle Zaragosa aledaña a la urbanización Villa España. A base de fotos históricas van comparando por décadas los trabajos en ese lugar pues los permisos originales en los años de 1970 no incluían la calle Zaragosa. Fue en el 1981 que se inició la otra construcción y está por determinarse si fue en ARPE que se aprobaron. “Esa calle nunca se debió construir pues se terminó impactando la base del mogote”, planteó García Pelatti.

El haber aprobado ese permiso en zona cársica se estima que ahora puede costarle al pueblo de Puerto Rico al menos $3.4 millones por la construcción de un muro para proteger el lugar y por la compensación que habría que darles por sus casas a las víctimas del derrumbe, indicó García Pelatti.

La implantación de este plan del carso es una de las prioridades de la JP antes de fin de año, luego que se incorporen algunas enmiendas sugeridas por la ciudadanía. Luego de esto, informó García Pelatti, se concentrará en ompletar el Plan de uso de terrenos, que espera esté listo para febrero de 2014. Simultáneamente estará trabajando en una nueva Ley de Planificación para Puerto Rico, que se propone culminar para mayo del próximo año.

En busca de mayor eficienciencia

El gobierno no pretende obstruir la industria de la construcción con el nuevo Plan del Carso, como han planteado algunos sectores preocupados por las implicaciones del mismo, aseguró el presidente de la Junta de Planificación (JP), Luis García Pelatti.

Con el propósito de aclarar dudas, García Pelatti se ha estado reuniendo con diferentes organizaciones profesionales, como el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, la Asociación de Constructores de Hogares, la Asociación de Contratistas Generales y algunos alcaldes, como los de Ciales y Morovis, quienes también solicitaron explicaciones.

“Han expresado unas dudas en la manera que se están interpretando unas cosas, de si esto va a requerir unos permisos adicionales del Departamento de Recursos Naturales, DRNA. También hay unas dudas sobre la capacidad del DRNA para trabajar esto. Se siente que puede haber una lentitud en los procesos”, comentó el presidente de la JP.

García Pelatti les ha estado aclarando a los desarrolladores que el DRNA no va a emitir un permiso más, en su ya complicada lista de permisos gubernamentales y estudios ambientales que se les requiere para poder realizar un proyecto de construcción.

“No se les va a requerir unos permisos, solo una notificación, que sea bastante automática. Tú radicaste la notificación en el sistema, no se requiere la aprobación de la secretaria. Los proyectos no se detienen”, explicó. Esto es en los casos de construcción en el Área de Planificación Especial Zona Cársica (APE-ZC), que era el área de hasta un 28% de los terrenos de la Isla, en los que los constructores tenían preocupación de que se paralizara la construcción, pues se trata de la mayoría de los terrenos del norte del país.

En el caso del 9.7% de terrenos que caen en el Área de Planificación especial Restringida Cársica (APE-RC) no se permitirá construcción alguna pues se trata de zona caliza, en la que es peligroso construir y en estos los constructores no tienen inconveniente, pues no interesan construcciones allí.

Algunos de los grupos consultados someterán unas recomendaciones a la JP, para enmendar y clarificar el lenguaje del plan. García Pelatti espera llegar a acuerdos con ellos. También los constructores presentaron objeciones a que se sigan construyendo proyectos con pozos sépticos. García Pelatti comentó que todos reconocen que hay mucha construcción informal que no cumple con los permisos.

“Al ser informal, se nos está escapando. Aquí lo que tenemos que ser es más eficiente para ver cómo controlamos las construcciones que no tienen permisos”, planteó.

Perdemos las playas

Amanecer en Costa Azul, Luquillo, PR.

El siguiente artículo fue publicado en El Nuevo Día el 23 de octubre de 2012

Por Dr. Aurelio Mercado-Irizarry*

El 1ro. de febrero de 2008 se publicó en este diario un artículo de este autor alertando sobre el aumento en el nivel del mar y sus consecuencias nefastas para nuestras playas.

Cinco años y medio más tarde, se ha corroborado esa predicción. En los últimos meses hemos sido informados de que la isla de Palominito está desapareciendo, de cómo la playa del sector de Ocean Park “está siendo tragada por el mar” (Primera Hora, 3 de octubre de 2012), de cómo la playa de Córcega en Rincón se ha quedado sin arena después de la tormenta Isaac, de cómo la estación de la AEE a donde llega el cable que le suple electricidad a Vieques ya se encuentra literalmente en el agua y hay que moverla, y de muchísimas otras playas que están desapareciendo.

Aunque en algunos de los casos la playa trata de recuperarse, cuando se examinan fotos aéreas antiguas se puede observar claramente la crónica tendencia de achicamiento de las playas en la Isla.

Aunque es el ser humano la causa principal directa que más afecta las playas por varias razones, lo que ha pasado en el último par de meses debe de servir de alerta sobre el impacto de la subida en el nivel del mar. No es fácil predecir cuál será el impacto en una playa dada, debido a ese aumento.

Pero una regla sencilla, adoptada en muchos estudios (incluyendo las Naciones Unidas), nos dice que por cada unidad de aumento una playa de arena retrocede (se erosiona) por un factor mucho mayor que esa unidad de aumento en el nivel del mar.

Desproporcional

Ese factor se ha observado que puede variar entre aproximadamente 30 hasta 300. La ONU ha adoptado un valor de 100. Esto es, por cada metro que sube el nivel del mar se pierden 100 metros de playa. En otras palabras, lo que se pierde de playa es desproporcional a lo que sube el océano.

Debido a lo que se ha reseñado en la prensa, decidí acudir a la fuente oficial sobre el aumento en el nivel del mar alrededor de la Isla. Estos son los mareógrafos en la bahía de San Juan (funcionando desde 1962) y el de isla Magueyes (funcionando desde 1955). Y cuál fue mi sorpresa.

En Puerto Rico, salvo por pocas excepciones, el máximo del nivel del mar ocurre durante el mes de octubre de cada año.

Los últimos datos del nivel del mar promedio mensual que están hasta ahora disponibles en ambos mareógrafos son para el mes de septiembre, y estos muestran que en ambos mareógrafos se han roto récords históricos en la elevación del nivel promedio del mar: isla Magueyes 0.163 metros, San Juan 0.189 metros.

Debido a que faltan los datos de octubre del presente año, es de esperarse que este año se sobrepasen por mucho los récords históricos de promedios mensuales para la costa norte y sur.

Esto debe de estar relacionado con los récords en temperatura que hemos tenido en la Isla durante los últimos meses.

Ya que para el 2100 se espera cerca de un metro promedio global, estas cantidades no son descartables, y ya vemos los efectos.

Urgente

Todo esto apuntala la necesidad urgente de proteger las playas que nos quedan, prohibiendo la construcción cerca de la orilla actual, tema que es crucial que se incluya en cualquier plan de uso de terrenos.

Esto hay que hacerlo mediante la implantación de una línea de separación de construcción basada en criterios científicos, como se ha hecho y se está haciendo en muchísimos lugares del planeta. De no ser así, habrá que resignarse a un Puerto Rico sin playas mucho antes de lo esperado.

*El autor es profesor de Oceanografía en el RUM y colaborador del programa Sea Grant/UPR.

Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste desmiente al Secretario del DRNA

El siguiente comunicado fue publicado por la Coalición Pro CEN

San Juan, PR – En la mañana de hoy, y a través de la radio, el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán Kercadó, señaló que tiene objeciones a la aprobación del P. del S. 2282 debido a que la medida contiene, alegadamente, errores en los números de catastro del CRIM que identifican las fincas pertenecientes al Corredor Ecológico del Noreste (CEN) y aquellos terrenos públicos que serán designados como reserva natural. Indicó que le comunicará dichas objeciones al Gobernador.

Camilla Feibelman, coordinadora del capítulo local del Sierra Club y miembro de la Coalición Pro CEN, aclaró que “estas alegaciones son maliciosas, por lo que es importante señalar lo siguiente:

1. Los números de catastro contenidos en el proyecto de ley fueron tomados del Plan y Reglamento Especial de la Gran Reserva del Noreste, documento que el propio Secretario preparó y aprobó.

2. En caso de que estos datos estuviesen incorrectos, y preveyendo que cualquier posible discrepancia, real o falsa, fuera a ser utilizada como excusa para objetar la aprobación del proyecto de ley, la medida provee en su lenguaje otras referencias que ayudan a despejar de cualquier duda sobre cuales son los terrenos que comprende el CEN, y cuales son los que serán designados como reserva natural. Por ejemplo:

En la Exposición de Motivos se hace una descripción detallada de cuales son las fincas públicas en el Corredor,su cabida, y a que agencia o corporación pública pertenecen. En el Artículo 4,se provee una descripción detallada de los lindes del CEN,no tan solo de las fincas que lo componen según el número de catastro del CRIM,sino también una descripción física de las estructuras y comunidades que lo rodean, así como las cordenadas (latitud y longitud) en que se encuentra demarcado. El informe rendido por la Comisión de Urbanismo e Infraestrura y la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado,en su exhibit o anejo 1,contiene un mapa delimitando gráficamente los límites del CEN.”

A los miembros de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noeste les es importante aclarar y desmentir estas alegaciones mal intencionadas del Secretario Galán Kercadó.

Este pasado lunes, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó 42 a 0,el Proyecto del Senado 2282 (P. del S. 2282), designando como reserva natural todos los terrenos públicos en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN). De esta manera y en un acto sin precedente en lo que va del presente cuatrienio, dicho cuerpo legislativo se unió unánimemente al Senado, cuyos miembros habían votado de igual manera a favor de este proyecto de ley.

Acuden al Supremo por el CEN

Por Héctor

Como trasfondo, recordemos que el gobernador Luis Fortuño derogó en el 2009 la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste  y la sustituyó por la Gran Reserva del Noreste. Esta última, a pesar de su nombre, dejó desprotegida gran parte de los valiosos terrenos que formaban parte de la reserva original, sin mencionar que como parte de su nueva configuración incluye viviendas, comercios, carreteras, gasolineras, entre otros elementos urbanos.  También incuye terrenos previamente protegidos como parte de otras reservas naturales, como Seven Seas y las Cabezas de San Juan. Increíblemente, muchos de los terrenos que quedaron fuera de la nueva reserva se encuentran en el corazón de la misma, en el mismo centro, y comprenden áreas de igual o mayor valor ecológico que aquellos incluidos.

Al presente, varias organizaciones comunitarias y ambientales se encuentran en los tribunales exigiendo la derogación de la nueva reserva y la restitución de la original. Como parte de ese pleito, el Tribunal de Apelaciones emitió una orden que establecía una prohibición a que se construyera en los terrenos que forman parte del Corredor Ecológico pero quedaron fuera de la nueva reserva establecida por el gobierno de turno. El propósito de esa orden era evitar que se destruyeran o alteraran los terrenos de alto valor ecológico antes de que el tribunal decidiera si deben o no ser protegidos. Dicha orden fue dejada sin efecto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en días recientes, abriendo así la puerta para que se construya en los terrenos antes de determinar si la nueva designación de reserva es o no válida. El efecto de esta determinación es que para cuando se determine, si así se hace, que los terrenos deben ser protegidos, es posible que éstos ya hayan sido modificados y no haya nada que hacer.

Es en ese contexto que se da la siguente noticia, que fue difundida por los medios esta semana:

Entidades y religiosos acuden al Supremo por CEN (noticel.com)

Por  Cybernews 20/02/2012 08:11 am

El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP), y líderes religiosos presentaron por separado varias peticiones para ser considerados como “amigos de la corte” por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

En sus peticiones, recomiendan y solicitan a su vez la restitución de una moratoria emitida por el Tribunal Apelativo (TA) prohibiendo la otorgación de permisos de construcción en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN), la cual había sido revocada preliminarmente por el alto foro judicial a petición de la administración del gobernador Luis Fortuño.

El obispo de la Diócesis de Fajardo-Humacao de la Iglesia Católica, monseñor Eusebio Ramos Morales, y el pastor general de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico (IEUPR), reverendo Edward Rivera Santiago se unieron al pedido.

“Nos sentimos sumamente honrados por el interés y la posición expresada por el CAAPPR y la SPP, por ser estas dos de las organizaciones profesionales con mayor peritaje en asuntos sobre la planificación de los usos del terreno en la Isla, así como por el respaldo del monseñor Ramos y el reverendo Rivera, ya que la conservación y desarrollo sostenible del Corredor significa en primera instancia un asunto moral y de justicia social”, expresó en un comunicado Angie Colón, presidenta de la Coalición Pro CEN , y residente de Luquillo.

El CAAP y la SPP señalaron en sus escritos, entre otros asuntos, que la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) debieron haber preparado una declaración de impacto ambiental con el fin de evaluar los posibles impactos ambientales que el nuevo plan de usos de terrenos pudiera ocasionar sobre el Corredor y áreas adyacentes en la falda de El Yunque. Sobre todo, cuando ambas agencias han reconocido por décadas que dicha zona alberga recursos naturales de extraordinario valor ecológico cuya condición ha estado amenazada por el desparrame urbano.

Alegaron que, en cambio, ninguna de las agencias cumplió con este requisito de ley, proponiendo en vez la exclusión de más de 450 cuerdas en el Corredor protegidas originalmente como reserva natural, y que ahora podrían ser urbanizadas junto a otros terrenos en la falda de El Yunque. El nuevo plan de usos de terrenos fue aprobado eventualmente, aún con las objeciones de más de 200 entidades e individuos, entre los que se destacan el Servicio Forestal Federal, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, y el Fideicomiso de Conservación.

Por su parte, el Obispo de la Diócesis de Fajardo-Humacao, conocida también como la Diócesis del Yunque, y el pastor general de la IEUPR, expresaron su preocupación por el efecto que la derogación de la moratoria pudiera tener sobre la confianza en el sistema judicial del país y su efectividad en resolver de forma justa cualquier controversia o conflicto planteado por la ciudadanía. Esto, debido que al derogar la moratoria y el gobierno otorgar permisos de construcción, se convertiría en académico el recurso de revisión radicado en el Tribunal Apelativo por las organizaciones e individuos pertenecientes a la Coalición y en el que impugnan la aprobación del nuevo plan, dejando sin remedio o amparo judicial a los demandantes.

El monseñor Ramos señaló en su escrito que “el desarrollo de estructuras con fines lucrativos, como lo que se pretende realizar en el CEN, no puede arriesgar la Naturaleza y sus recursos, que son limitados, respondiendo a objetivos inmediatos y eludiendo el compromiso social y moral que a todos nos incumbe.”

Mientras, el reverendo Rivera concluyó su posición exhortando a los jueces del Tribunal Supremo “a actuar y promover en todas sus decisiones, un desarrollo sostenible que garantice el equilibrio de los ecosistemas, incluyendo el sistema de trabajo, y, al mismo tiempo, que tenga sentido de solidaridad para con las generaciones futuras. Éstas tienen derecho a una sociedad equitativa, justa y participativa y que posea un medio ambiente saludable.”

Las organizaciones e individuos pertenecientes a la Coalición tienen hasta mañana martes para someter su solicitud de reconsideración al Tribunal Supremo para que restituya la moratoria de permisos de construcción en el CEN.

Juego de palabras en el CEN

Por: Melissa Solórzano García 07/09/2011 (noticel.com

Como si se tratase de un juego de palabras, funcionarios de alta jerarquía insisten en que las casi 10 mil cuerdas que comprenden la llamada “Gran Reserva del Noreste” fueron designadas como reserva natural, al mismo tiempo que reconocen que son simplemente un área de planificación especial.

¿Es una reserva natural?, preguntó NotiCel al presidente de la Junta de Planificación (JP), Ruben Flores Marzán.

“Seguro que sí”, afirmó el titular de la agencia sobre las 9,932 cuerdas que componen la Gran Reserva del Noreste y en las que residen unas 6,700 personas, ubican tres urbanizaciones, cientos de viviendas rurales y varias gasolineras.

Sin embargo, en el glosario de términos de los reglamentos de ubicación de la misma JP una reserva natural se define como “aquellas áreas designadas que por sus características físicas, ecológicas, geográficas y por el valor social de los recursos naturales existentes en ellas, ameritan su conservación, preservación o restauración a su condición natural”.

Según se desprende de los propios documentos de la JP, el gobierno sólo designó como reserva natural 4,125 cuerdas. De estas, unas 547 ya estaban protegidas desde hace más de una década, como parte de la Reserva Natural Las Cabezas de San Juan y de Seven Seas.

Grupos que persiguen la protección del Corredor Ecológico del Noreste (CEN) denunciaron que el propósito de la administración Fortuño es causar confusión con información falsa para beneficiar a los proyectistas que pretender desarrollar en la zona.

“Todo este montaje es para tratar de desenfocar la atención de que quitaron más de 450 cuerdas de terrenos del Corredor que sí habían sido designadas como Reserva Natural en el 2008 y que coinciden perfectamente con los proyectos residenciales y turísticos que llevan proponiéndose en esta zona como el San Miguel Four Seasons Resort y Dos Mares Resort que ahora se llama Tinglar Bay Resort and Spa”, sostuvo Carmen Guerrero, portavoz de la Coalición Pro CEN.

En un intento por aclarar el valor de los terrenos, Flores Marzán apuntó a que los ambientalistas “están entendiendo esto de la manera que no es” y reconoció que la Gran Reserva es tan solo “un área de planificación especial”.

“Eso va por encima de cualquier cosa. No permite centros comerciales, casas, ni campos de golf”, añadió.

No obstante, contrario a las reservas naturales, las áreas de planificación permiten consultas de ubicación a través de la JP. Esto, mediante el Plan de Usos de Terrenos.

Un estudio de US Forest Service reveló que, precisamente, esas consultas de ubicación han permitido el desparrame urbano alrededor de El Yunque porque el 85% de los proyectos que aprobó la JP en los municipios aledaños no cumplían con los usos de terrenos que se supone hubiera ahí.

“La propia Junta no ha cumplido con las leyes y reglamentos de esas áreas. Así que no podemos esperar mucho de esta Junta” argumentó la planificadora ambiental.

Guerrero además recordó tanto la Cuenca Laguna Tortuguero, como la Parguera y Piñones son áreas de planificación especial en las que se ha permitido la construcción de proyectos residenciales, industriales, comerciales y hasta la ubicación de canteras.

Por otra parte, Flores Marzán aseguró a NotiCel que hasta el momento no se han recibido solicitudes de permiso para desarrollar proyectos en los terrenos de la Gran Reserva.

Al comienzo de la administración Fortuño, el Gobernador derogó la designación de la Reserva Natural CEN que comprendía unas 3,057 cuerdas.

http://www.noticel.com/noticia/109708/juego-de-palabras-en-el-cen.html

Bajo amenaza la Isla de Culebra

La isla de Culebra es, sin duda, uno de los lugares más extraordinarios de Puerto Rico. Sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, paisajes espectaculares y abundante biodiversidad marina y terrestre la convierten en un verdadero paraíso. La vida de su habitantes – unas dos mil personas – está inexorablemente ligada a estos recursos naturales. Su sustento, por ejemplo, depende en gran medida de las actividades pesquera y turística.

En los pasados meses las agencias del Gobierno de Puerto Rico le dieron luz verde al desarrollo de más de 100 casas, dos paradores y otros desarrollos a ser construidos en un área aproximada de 100 cuerdas en Culebra. La construcción de este complejo residencial-turístico – denominado Villa Mi Terruño – amenaza con afectar adversamente la frágil infraestructura de la isla, así como sus valiosos arrecifes de coral, múltiples especies amenazadas y en peligro de extinción y algunos de los  más espectaculares sistemas naturales y paisajes del Caribe.

Al presente, los casos impugnando las determinaciones de las agencias del gobierno que aprobaron el proyecto (la Junta de Planificación y la Junta de Calidad Ambiental) se encuentran ante el Tribunal de Apelaciones.

Cabe mencionar brevemente por aquí que los estudios sobre la flora y fauna realizados por el proponente privado del proyecto son una burla a cualquiera que haya visitado la isla, pues éstos documentan únicamente la presencia de nueve especies vertebrados en un área aproximada de 100 cuerdas: el Pelícano Pardo (Pelecanus occidentalis), el Turpial (Icterus icterus), la Tijereta o Rabijunco (Fregata magnificens), el Lagartijo Común (Anolis cristatellus), el Lagartijo Manchado (Anolis stratulus), el Lagartijo Jardinero (Anolis pulchellus), la Siguana Común (Ameiva exsul), el Coquí Común (Eleutherodactylus coqui) y el Sapo Común (Bufo marinus). El haber documentado solamente 3 especies de aves para un área de 100 cuerdas es indicativo de por sí de que el estudio es deficiente. Cualquier persona que esté leyendo esto en Puerto Rico – sin importar cuán adentrado se encuentre en el casco urbano de cualquier ciudad – va a tener a su alrededor mucho más de 3 especies de aves y 9 especies de vertebrados en total. Lamentablemente, en Puerto Rico estos estudios ambientales se han convertido en un requisito pro forma sobre el cual las agencias del gobierno no ejercen ninguna supervisión. Detrás de esto, la industria de la llamada “consultoría ambiental” se enriquece certificando estudios que no cumplen ni con los más básicos requisitos metodológicos de las ciencias ambientales y la ecología.

A continuación les incluyo vídeos, enlaces de interés y noticias recientes sobre el proyecto.

Videos:

El siguiente video documenta el impacto que actualmente tienen las escorrentías que provienen del proyecto sobre los cuerpos de agua adyacentes:

Más vídeos y fotos sobre los impactos ambientales del proyecto aquí.

Noticias:

Denuncian amenaza ambiental en Culebra (noticel.com)
 
Por: Melissa Solórzano García 15/04/2011 10:37 am
Aunque el proyecto es viejo, la amenaza sobre los culebrenses es nueva. Desde el 2003 están luchando contra el mega desarrollo que amenazaría las costas de la isla municipio y que finalmente recibió los permisos que en el pasado habían sido negados.

Según denunciaron dos agrupaciones ambientales y miembros de la comunidad, el proyecto Villa Mi Terruño atenta contra la calidad de vida de los que residen en Culebra porque agravaría los problemas existentes de infraestructura en el agua y la energía eléctrica.

“Es una monstruosidad en su tamaño. Es más grande que el pueblo. El acceso es solamente un puente levadizo antiquísimo que yo no sé como va a mover la gente de un lado para otro. A nosotros se nos llevan el agua a cada rato, la luz tenemos una plantita que nos resuelve cuando se va, pero ¿cómo va a resolvernos cuando va a tener esa monstruosidad aquí? Si ese señor (en referencia al desarrollador Manuel H. Dubón) hubiese decidido hacer una casa a cada cinco cuerdas quizás la gente no se hubiese levantado pero esto es un ataque”, denunció Rosarito Morales, quien reside en Culebra desde hace 20 años.

Dubón y su compañía Culebra Resorts Associates pretenden construir el proyecto que consiste en una finca de 100 cuerdas que incluiría 110 unidades de vivienda, dos hoteles de 32 habitaciones cada uno, un campamento de 15 habitaciones, un espacio comercial de 6,000 pies y 150 espacios de estacionamiento.

Mientras los proyectistas disfrazan a Villa Mi Terruño como un complejo sostenible, el licenciado Rafael Espasas, quien representa a la organización Coralations señaló que el desarrollo utilizaría un 25% de la electricidad del municipio. Es decir, 1,350 kva de los 4,000 kva que suple la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Además, recordó que la vida útil del vertedero de Culebra, según la Autoridad de Desperdicios Sólidos, está a punto de llegar a su fin.

Espasas detalló que tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambiental (DRNA), la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Junta de Planificación (JP) como la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra se opusieron en diferentes ocasiones por los problemas de infraestructura.

“Al cambiar la administración, los obstáculos de las agencias desaparecieron. El DRNA envió una carta revocando la anterior y endosó el proyecto, la JP le dio el visto bueno a la consulta de ubicación en diciembre del 2010 y la Junta de Calidad ambiental aprobó la Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) en septiembre”.

El representante legal de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) explicó además que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) multó al desarrollador en el pasado por problemas con las descargas que provocaron los caminos sin permisos en la finca, pues los sedimentos ponían en riesgo las zonas con colonias de corales que están en los litorales costeros donde ubica el proyecto: por el sur la playa Cascajo y el norte Bahía Ensenada.

La comunidad y las organizaciones ambientales han presentado ante el Tribunal de Apelaciones dos recursos para intentar detener el proyecto, tanto por la DIA como por la consulta de ubicación.

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Megaproyecto no cabe en Culebra (primerahora.com)

viernes, 15 de abril de 2011
Sara M. Justicia Doll / Primera Hora

En Culebra el servicio de transportación es pésimo. El agua escasea. La luz viene y va. La vida no es fácil en la isla municipio, pero el paisaje es tan bello que la presión para desarrollar es mucha.

Así que, dejando a un lado la necesidad de los culebrenses para que todas las situaciones anteriores sean atendidas, el gobierno de Luis Fortuño dio luz verde y aprobó todos los permisos al proyecto Villa Mi Terruño, que utilizaría el 25 por ciento de la energía de la isla municipio, y mucha de la poca agua que también llega en un cable submarino desde la isla de Vieques. Así lo denunciaron la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) y la organización ambiental Coralations.

El proyecto del desarrollador Manuel Dubón proyecta la construcción de 110 unidades de vivienda, dos hoteles de 32 habitaciones cada uno, un campamento de 15 habitaciones, seis mil pies cuadrados de área comercial y 150 espacios de estacionamiento. En septiembre de 2010, la Junta de Calidad Ambiental aprobó la Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) y, en diciembre de ese año, la Junta de Planificación aprobó la consulta de ubicación.

Las organizaciones y los culebrenses en oposición al proyecto agotaron los medios administrativos y no lograron absolutamente nada.

El abogado Rafael Espasas, representante legal de Coralations, informó que hace dos semanas presentaron un recurso en el Tribunal de Apelaciones para que se revoque la aprobación de la DIA-F y la consulta.

No sólo el proyecto no es compatible con la planificación especial que rige el desarrollo en Culebra, sino que ya, antes de construido, representa daños a los corales de la playa Cascajo y Ensenada Honda, que se supone que sean protegidos por las agencias gubernamentales.

El experto Edwin Irizarry informó que ya han muerto corales o están severamente lastimados por causa de sedimentos que bajan de la montaña donde va el proyecto. La falta de control de erosión y sedimentación en los caminos que ha abierto el proyectista han tenido un impacto negativo.

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Revive la lucha ambiental en Culebra (endi.com)

Cambian su postura las agencias que otorgan permisos

Al lado, vista de los terrenos donde se planifica desarrollar el proyecto residencial Villa Mi Terruño.

Por Joel Ortiz Rivera /joel.ortiz@elnuevodia.com

El fino balance que se necesita para coexistir con el delicado ecosistema culebrense de especies protegidas y en peligro de extinción podría estar en juego una vez más, según alegan ambientalistas de la Isla municipio.

Resulta que un viejo proyecto bautizado como Villa Mi Terruño, se cierne como una nueva amenaza de la maltrecha calidad de vida de los habitantes de Culebra, según denunciaron ayer, en rueda de prensa, un par de grupos ambientalistas.

El megaproyecto está propuesto desde el 2003 por el desarrollador Manuel H. Dubón y Culebra Resorts Associates II en una finca de 104 cuerdas. El proyecto incluiría 110 unidades de vivienda, dos hoteles de 32 habitaciones cada uno, un campamento de 15 habitaciones más, un centro comercial de 6,000 pies cuadrados y 150 espacios de estacionamiento, todo con control de acceso.

Según denunciaron Mary Ann Lucking, de la organización CORALations, y Rafael Espasas, de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Junta de Planificación (JP), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra (ACDEC) se opusieron al proyecto por distintas razones, principalmente porque la infraestructura de Culebra no soporta un proyecto de tal magnitud.

“Pero al cambiar la administración, los obstáculos desaparecieron”, dijo Espasas. “El DRNA envió una carta revocando la anterior y endosó el proyecto, la JP le dio el visto bueno a la consulta de ubicación en diciembre y la JCA aprobó la Declaración de Impacto Ambiental en septiembre”, añadió.

Esos dos permisos son impugnados por varios grupos ambientales a nivel del Tribunal de Apelaciones.

El proyecto tiene dos costas: bahía de Ensenada al norte y playa Cascajo al sur. La EPA multó al desarrollador por abrir 9 kilómetros de caminos y no controlar la erosión, lo que depositó sedimentos en el agua y dañó zonas de corales.

Corredor ecológico

Por su parte, Rafael Toro, representante legal de la compañía desarrolladora, dijo que el proyecto se transformó en el 2009 para designar 70 de las 104 cuerdas como un corredor ecológico a perpetuidad y para hacerlo un desarrollo sostenible que utilice energía solar, eólica y procese las aguas recogidas de los techos de las villas.

Explicó que se redujo el número de viviendas de 134 a 111 y se integró el corredor con la aprobación de agencias como el DRNA y US Fish and Wildlife.

“Este es un proyecto de buena planificación, no de mala construcción como hemos visto por décadas en Culebra”, dijo Toro.

“Aquí se ven dos tipos: los urbanos de Dewey, improvisados, y en las afueras, donde hay una casa en terrenos de 25 cuerdas, minirranchos”, añadió.

Dijo que el desarrollo será por etapas, que podría extenderse por 15 años. Añadió que los opositores no brindan información completa y utilizan el ambiente como mecanismo para ellos apoderarse de Culebra.

“Es un grupo compuesto mayormente por americanos, que quieren que Culebra sea de ellos y de más nadie”, finalizó Toro.

Reclamo ambiental

Acapararía más del 30% de la capacidad actual de la AEE.

Utilizaría el agua de la AAA y descargaría aguas usadas a su sistema sanitario.

Llevaría más basura al vertedero.

Hay costas con colonias de corales que ya han sufrido daños por los sedimentos arrastrados por las escorrentías. La EPA los multó.

Impacto a especies en peligro de extinción.

Un visitante inesperado

Por Héctor

Hace algunas semanas me enteré de que en el pueblo de Cabo Rojo fue avistada una Avoceta Americana (Recurvirostra americana).  Aunque desapercibida para la mayoría de las personas, en el mundo de los observadores de aves o bird-watchers esta noticia ha sido de suma importancia.  Y es que no se trata de cualquier visitante, ésta es una ocasión única. Ayer tuve la oportunidad –junto a Alberto López y Vanessa Ortíz— de de ir hasta el del Refugio de vida silvestre de Cabo Rojo, por el sector de Combate, para observar esta magnífica ave.

Avoceta Americana -- Foto por Alberto López ©

Según me contaron, esta especie ha sido observada en Puerto Rico menos de 5 veces en los últimos 30 años. Este tipo de avistamiento se conoce como “accidental”, ya que nuestra isla está fuera de la ruta migratoria regular de esta ave. Es por eso que es tan especial su visita.

Habiendo viajado por más de dos horas para ver y fotografiar la Avoceta y cumplido esa meta, aprovechamos el viaje y dimos una vuelta por la Laguna Cartagena. Allí observamos varias especies como el Pato Dominico, Pato Zarcel, Sora, Gallareta, Gallareta Azul, Ibis Lustroso, Reinita Pica Tierra, Reinita Palmera, entre otras.

Ibis Lustroso (Plegadis falcinellus) -- Foto por Alberto López ©

Las Salinas de Cabo Rojo y la Laguna Cartagena ofrecen lugares únicos en Puerto Rico para observar aves. Estos espectaculares ecosistemas no sólo albergan muchísimas especies a través del año, sino que se convierten en un refugio invernal año tras año para decenas de especies migratorias, algunas tan extraordinarias e inesperadas como la Avoceta.

El Karso: agua y vida

Por Héctor

Cueva en el Tanamá. Foto: Alberto López.

Cueva en el Tanamá. Foto: Alberto López.

Por el valor que representa la zona kársica para los y las habitantes de Puerto Rico y la urgencia de protegerla, la Legislatura aprobó en el 1999 la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica.  Entre otras cosas, esta ley reconoció la importancia del Karso para el abastecimiento de nuestros acuíferos y la producción natural de agua fresca en la Isla. También lo identificó como un ecosistema rico en biodiversidad y como último resguardo de muchas especies únicas que habitan nuestros bosques. La ley fue más que una declaración. Además de resaltar su valor, proveyó mecanismos específicos para lograr la conservación y el aprovechamiento sostenible de la zona. Es evidente que los legisladores reconocieron en ese momento la importancia de la zona kársica para la vida y bienestar de los y las puertorriqueños y puertorriqueñas.  Hoy, ante la amenaza de enmendar esa ley, el reclamo para la conservación del Karso ha aflorado como requisito para asegurar nuestro futuro.  Sin embargo, la historia atestigua que el futuro no se forja solo.

Foto por Alberto López ©

Para lograr sus objetivos, la ley ordenó al Departamento de Recursos Naturales (DRNA) que desarrollara un estudio que identificara áreas a ser protegidas. Específicamente, la ley mandó al DRNA a que identificara áreas que bajo ningún concepto pudieran ser utilizadas para la extracción de materiales de la corteza terrestre con propósitos comerciales, ni para explotaciones comerciales.  La ley no pretendía evitar toda práctica comercial en el área, sino que se le confiriera mayor protección a la misma y se evitaran actividades con el potencial de degradarla irreversiblemente. Tan es así que la propia ley proveyó para que el DRNA ofreciera alternativas, de forma que esa mismas actividades pudieran desarrollarse en otras áreas de la zona.  También identificó formas de explotación que debían ser custodiadas con mayor rigor por parte del Estado, esto para evitar su deterioro a largo plazo.  La Ley del Karso, en fin, nunca pretendió detener el desarrollo comercial de la zona, y mucho menos negarle a los habitantes de la región la oportunidad de tener una vida próspera, sino todo lo contrario.

El 30 de septiembre de 2008, es decir, 9 años después de aprobada la ley que lo ordenó, se terminó el estudio.  Hacerlo no tardó 9 años, y el lapso que aconteció entre ambos eventos seguramente obedeció a razones que no nos son ajenas: a alguien no le convenía.  ¿A quién afectaría negativamente el estudio del Karso?  Con toda certeza se trataba de alguien que deseaba explotar la zona sin límite alguno.  ¿Dueños de canteras? Posiblemente.  Con toda seguridad querían derivar del Karso todo beneficio posible para sí.  ¿Y el resto del pueblo?  Para ellos y ellas, para nosotros y nosotras, nada.  Nada.  Así las cosas, se estancó el proceso.  Pero aun con oposición, contra viento y marea e interviniendo los tribunales por solicitud de grupos comunitarios y ambientales, específicamente Ciudadanos del Karso,  el estudio se realizó.  Ya tenemos el estudio del karso, una garantía de sustentabilidad.

Áreas del Karso con prioridad de conservación (Estudio del Karso, 2008)

Sin embargo, la historia no parece terminar. Así como a alguien no le convenía su realización, a alguien no le conviene ahora su implementación.  La Legislatura de Puerto Rico tiene ante su consideración un proyecto de ley que enmendaría la Ley del Karso, cuyos principales propulsores son los representantes Eric Correa y Waldemar Quiles.  Entre otras cosas, las enmiendas propuestas atrasarían la implementación del estudio y le darían discreción al Secretario del DRNA para verificarlo y enmendarlo a su antojo. Pero, ¿por qué poner más obstáculos para proteger esta zona de tan extraordinario valor? ¿Cómo es posible que casi 10 años de esfuerzos de diversos sectores se dejen al arbitrio de un funcionario del Gobierno? ¿A quién no le conviene el estudio del Karso?  No sabemos con certeza.  Lo que sí sabemos, aquello que es indudable, innegable, indiscutible, son los beneficios que el Karso provee, beneficios que son generales, beneficios para todos y todas los puertorriqueños y puertorriqueñas, los y las de hoy, los y las de mañana y hacia el futuro.

Repasaré, arriesgándome a repetirme, lo que el Karso nos da: de los acuíferos que se recargan de este sistema se extraen millones de galones de agua diariamente para diversos usos; éste provee la principal fuente de agua para gran parte de la industria farmacéutica de la zona norte y muchas vaquerías del país; es importantísimo para nuestra biodiversidad: contiene el mayor número de especies de árboles por unidad de área en Puerto Rico, alberga una de las mayores y diversas poblaciones de aves en la isla, es el hogar de un sinnúmero de especies en peligro de extinción, muchas de las cuales no existen en ninguna otra parte del mundo, y en sus cuevas viven las poblaciones más abundantes de murciélagos de la isla; contiene el sistema más largo y complejo de cuevas y paisajes subterráneos de Puerto Rico, entre los que se destaca el Río Encantado; y sus bosques húmedos poseen uno de los paisajes más espectaculares del Caribe, entre muchas otras cosas. ¿No vale la pena proteger todo esto? ¿No merecemos, como puertorriqueños y puertorriqueñas, el beneficio y disfrute de las riquezas que el Karso provee? ¿Por qué relegar su protección al arbitrio de unos pocos, como si nuestra supervivencia estuviera desligada de éste?  ¿Por qué desprotegerlo para beneficiar a dos o tres?

Dejar sin efecto el estudio del Karso imposibilitaría su conservación a largo plazo y lo sujetaría, como tantas otras cosas en este país, a la politiquería y al chantaje.  Me gusta pensar que merecemos más, que habrá Karso para el futuro.  Pero, otra vez, el futuro no se forja solo.  Allá en sus mogotes, cantarán sus aves, y el murmullo del agua hará eco en sus colinas, ajenos al atentado que se orquesta en el Capitolio.  A poca distancia, sobre la caliza desnuda, en las canteras retumbará el ladrido de las máquinas. ¿Cómo evitar su destrucción? ¿Cómo ayudar a conservarlo? ¿Cómo asegurárselo a ésta y las póximas generaciones? Tenemos en nuestras manos el futuro del Karso, la preservación de la vida que cobija y la protección de sus aguas. Es nuestra responsabilidad como país. Afrontémosla.

Para más información de cómo puedes ayudar a proteger el Karso visita la página de Ciudadanos del Karso y únete a su grupo de Facebook aquí.

En peligro la zona del Karso en Puerto Rico

La región del karso es reconocida por su extraordinario valor natural y sus servicios ecológicos. Sus acuíferos suplen cerca de una cuarta parte de las necesidades domésticas de agua potable en toda la Isla. Karso es agua y vida. Protégelo!

La región del karso quedará desprotegida y vulnerable si se aprueban las propuestas enmiendas a la Ley 292 del 21 de agosto de 1999, conocida como la “Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Kársica de Puerto Rico” o “Ley del Karso”.

Según Abel Vale, Presidente del la Organización Ciudadanos del Karso (CDK), tanto el gobernador Luis Fortuño como los secretarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rubén Hernández Gregorat y Daniel Galán Kercadó, han estado presionando a legisladores para debilitar la Ley del Karso con la aprobación del Proyecto de la Cámara 2566.

De acuerdo con declaraciones públicas hechas por el Gobernador Luis Fortuño y los directivos del DRNA y la JP, las enmiendas propuestas bajo el Proyecto de la Cámara de Representantes 2566 pretenden facilitar la extensión del Expreso PR-22 entre Hatillo y Aguadilla, así como la construcción de un gasoducto entre el sur y norte de la Isla. Estas enmiendas permitirían este tipo de proyecto en todos los terrenos del karso identificados por el DRNA con prioridad de conservación, y que comprenden cerca de un 35% del total del karso en el norte, sur y bolsillos aislados en el interior de la Isla, incluyendo reservas naturales y bosques estatales.

A continuación compartimos con ustedes algunos comunicados y noticias que abundan sobre la polémica.

 

 

Piden Acción Judicial Urgente por Enmiedas Propuestas a Ley del Karso

Secretario de Recursos Naturales y Presidente de la Junta de Planificación desafían órdenes judiciales

Domingo, 11 de julio de 2010

 San Juan – La organización Ciudadanos del Karso (CDK) solicitó una vista judicial urgente al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para confrontar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán Kercadó y al Presidente de la Junta de Planificación (JP), Héctor Morales Vargas, por estar cabildeando intensamente para enmendar la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico de 1999 (Ley del Karso), en abierto desafío a varias sentencias judiciales que obligaban a ambos funcionarios a implantar la política pública vigente a favor de la conservación de esta importante área.

“Es necesario que el Tribunal actúe y celebre de inmediato la vista judicial que hemos solicitado, no solo por los graves impactos a la calidad de vida de miles de personas que tendría la aprobación de las enmiendas, sino porque también se ha puesto en seria duda la validez y autoridad de nuestro sistema judicial.  Tanto el Presidente de la JP y el Secretario del Departamento han estado actuando para debilitar la Ley del Karso en menosprecio de las órdenes dictadas por el tribunal, y lo que es peor, el propio Gobernador ha estado presionando a los legisladores a aprobar dicha medida,” señaló Abel Vale Nieves, Presidente de CDK.

Desde el año 2002, CDK lleva un pleito contra la JP, el DRNA y la Administración de Reglamentos y Permisos para que estas agencias cumplan con la Ley del Karso.  Entre los deberes que deben cumplir están la preparación de un estudio por parte del DRNA para identificar y delimitar aquellas áreas del karso que por su valor hidrológico, geológico y ecológico, deben ser conservadas, y en donde en consecuencia, no se permitiría la ubicación de canteras y proyectos urbanos nuevos tales como urbanizaciones y carreteras, entre otros, incluyendo el movimiento de terreno asociado a estas actividades. 

Cantera en el municipio de Juana Díaz

La JP, a su vez, tiene el deber de adoptar las recomendaciones del Estudio del Karso, particularmente aquellas relacionadas a decisiones sobre el uso del terreno para garantizar que las áreas identificadas por el DRNA sean protegidas.  A pesar de que el Estudio del Karso tenía que estar listo para agosto de 2001, según ordena la Ley del Karso, el mismo no se completó hasta septiembre de 2008, tras años de litigio por parte de CDK a esos efectos.  Cabe destacar que durante los pasados años, numerosas comunidades en el karso se han visto afectadas por caídas de rocas, deslizamientos de terrenos, colapsos de sumideros e inundaciones por el relleno de estos últimos, ya que esta región, por su inestabilidad geológica y pendientes pronunciadas, es en muchos lugares inapropiada para la construcción.

De acuerdo a declaraciones públicas hechas por el Gobernador Luis Fortuño y los directivos del DRNA y la JP, las enmiendas propuestas bajo el Proyecto de la Cámara de Representantes 2566 pretenden facilitar la extensión del Expreso PR-22 entre Hatillo y Aguadilla, así como la construcción de un gasoducto entre el sur y norte de la Isla.  La propuesta extensión de la PR-22, según información de la Autoridad de Carreteras y Transportación, afectaría por lo menos 25 vaquerías y el relleno de 50 sumideros en la región noroeste, entre otros impactos, mientras que sobre el gasoducto, el Gobierno no ha revelado su alineación o alguna otra información específica al respecto.  Al día de hoy, ninguno de estos proyectos ha sido evaluado o aprobado por una sola de las agencias reguladoras concernientes, por lo que su viabilidad, beneficio y legalidad se desconoce. 

Estudio del Carso relizado por el DRNA

Las enmiendas propuestas a la Ley del Karso, sin embargo, permitirían este tipo de proyecto en todos los terrenos del karso identificados por el DRNA con prioridad de conservación, y que comprenden cerca de un 35% del total del karso en el norte, sur y bolsillos aislados en el interior de la Isla, incluyendo reservas naturales y bosques estatales. 

La región del karso ha sido reconocida por agencias federales y estatales por su extraordinario valor natural y servicios ecológicos.  Sus acuíferos suplen cerca de una cuarta parte de las necesidades domésticas de agua potable en toda la Isla, y de la cual dependen los más de 120,000 empleos que generan la industria farmacéutica y lechera ubicadas en esta zona. 

                      

En cuanto a su valor ecológico, el karso tiene el mayor número de especies de árboles por unidad de área en todo Puerto Rico, siendo a su vez el hogar de sobre 220 especies de aves, de las cuales 110 son migratorias.  Alberga además 35 especies designadas como vulnerables o en peligro de extinción (10 aves, 1 reptil, 2 anfibios y 22 plantas), incluyendo algunas únicas de Puerto Rico.  Actualmente es el hogar de la mayor población de la cotorra puertorriqueña en estado silvestre, así como el único lugar en el mundo donde habitan otras especies en peligro de extinción como el coquí llanero, la mariposa arlequín y el sapo concho, entre otras.  Su potencial para el ecoturismo y el turismo de naturaleza, por lo tanto, es extraordinario.

Contactos:

Abel Vale Nieves, Presidente: (787) 384-4406

Pedro Saadé Llorens, Asesor legal: (787) 397-9993

Luis Jorge Rivera Herrera, Asesor científico: (787) 460-8315

Ciudadanos del Karso: http://www.cdk-pr.org/ 

 

 

 

Karso

Por Mayra Montero

Zona Kárstica

¿Cuál es la prisa por desvencijar la zona del Karso? El proyecto que se está impulsando, Proyecto de la Cámara 2566, presentado por el sensato e inefable Waldemar Quiles, es un gatuperio vergonzoso, que destila hipocresía y en el que abundan los errores ortográficos y de sintaxis.

En dicha pieza legislativa se proponen una serie de enmiendas, dando a entender que la ley original, que data del 99, no protege como es debido al Karso y que ellos con el Proyecto nuevo sí lo protegerán. ¿Alguien sinceramente puede dar crédito a esa vulgar mentira?

 Cuando el proyecto ordena “añadir nuevas definiciones” o “aclarar las facultades del Secretario del Departamento de Recursos Naturales”, o, lo más peligroso de todo, “enmendar las disposiciones sobre la otorgación de permisos simples en la zona del carso”, a la gente con dos dedos de frente tiene que recorrerla un escalofrío.

Permisos simples, como todos sabemos, pueden llegar a ser, por ejemplo, unos maratónicos proyectos con campo de golf, 200 habitaciones de hotel y 100 unidades del tipo “timeshare”. Todo esto encima de una caverna prodigiosa o de un cuerpo de agua subterráneo y puro, de los poquitos que nos quedan.

Construcción en el litoral costero de Isabela

Ya se sabe que hay negociantes que solicitan, y obtienen, uno de esos permisos simples, y luego talan y pavimentan bosques; drenan o rellenan humedales y sobreexplotan los acuíferos. ¿Quién los detiene cuando están metidos de lleno en su vorágine especuladora? Meten las puercas y a dios que reparta suerte.

Pero vamos a olvidarnos, por un momento, del valor inmenso de la zona del Karso: supongamos que enmiendan, aclaran y atemperan, todas esas palabrejas que utilizan en el mencionado proyecto para disfrazar la devastación más descarada. Y supongamos también que lo permiten todo: extensos desarrollos con “un enorme potencial recreativo y turístico”. Toda esa cursilería para encubrir un plan que poco a poco acabará con uno de los enclaves más necesarios del País y contaminará las aguas.

Yo pregunto una cosa: ¿no se supone que en Puerto Rico hay cientos de proyectos vacíos, que no han podido venderse, algunos paralizados en plena construcción, para que encima el Gobierno siga dándoles luz verde a otros proyectos en mitad del Karso? ¿No se supone que existe un inventario como de 20,000 viviendas que son caras, para las que los bancos no están prestando mucho ni poco? ¿Qué pasa, que los bancos prestarán entonces para los proyectos “simples” en la zona del Karso?

Eso se llama mala planificación. Los mismos constructores de hogares a los que el Gobierno pretende favorecer serán las principales víctimas de la construcción desordenada, avariciosa e irresponsable.

Construcción de urbanización en zona cárstica del norte de Puerto Rico

Bajo el proyecto de la Cámara, que no está aprobado aún, pero apuesten cualquier cosa a que se aprobará en cualquier momento, el Secretario de Recursos Naturales, que se supone que defienda con uñas y dientes el Karso y lo que no es el Karso, adquirirá todos los poderes del mundo para “evaluar y autorizar” lo que se le ponga al frente: carreteras y caminos; construcción de infraestructura para “el disfrute de áreas escénicas”; deforestación selectiva o total; creación de proyectos de ecoturismo. En principio todo estaría prohibido, por ejemplo, la remoción, caza o captura de la fauna silvestre, pero a todo ponen la coletilla: “sin la debida autorización del Secretario”. O sea, que si el Secretario autoriza, estamos fritos. ¿No hubiera sido mejor poner que queda prohibido expresamente y nadie lo puede autorizar?

No. Claro que no. Porque por el agujero negro de la autorización del Secretario se cuela todo. Si él lo autoriza, son otros veinte pesos y ya nadie comete una infracción. Y no sólo eso. Uno de los incisos más delirantes del proyecto es aquel que establece que se mandará a hacer un estudio en el que tomarán parte no sé cuántas divisiones, negociados y agencias. Pero a continuación se indica que el Secretario “tendrá discreción para verificar el estudio y enmendar el mismo, cuando el Departamento corrobore que un área ha sido incluida o excluida erróneamente”. Pues que no hagan el estudio, ¿para qué gastar en tanto papeleo si luego harán lo que les dé la gana? Pueden apostar, una vez más, que el Secretario nunca dirá que un área determinada ha sido excluida y debe incluirse para protegerla. Será al revés, cuando le pongan el estudio delante empezará a ponerle peros a las que se incluyeron y dejará zonas extensas al garete.

¿Se puede proteger así, a voluntad de un solo funcionario, que en realidad es la voluntad de un grupito de especuladores con colmillos babeantes, un área vital, llena de acantilados, ríos, manantiales, cascadas, vegetación maravillosa y fauna propia?

Por supuesto que no. Será un desastre. Porque Planificación también meterá sus sospechosas garras. Todos con la boca hecha agua a la vista de tantos mogotes de un exquisito tono chocolate.

 Fuente: El Nuevo Día

 http://www.elnuevodia.com/blog-karso-738274.html

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