Les comparto una nota que fue publicada esta semana en el diario Metro. Estas son excelentes noticias para todas las personas que atesoramos el Caño Tiburones por su extraordinario valor ecológico, recreativo y estético y su gran potencial de desarrollo económico en armonía con la protección sus recursos naturales.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) denegó una solicitud de franquicia de agua solicitada por Energy Answers Arecibo LLC (EA) para suplirse del caño Tiburones en su proyecto de un incinerador para la zona.
La evaluación efectuada para tomar esta decisión se basó en un análisis de las prácticas de operación del sistema de bombas de la estación conocida como El Vigía, que bombea agua desde el caño Tiburones hacia un canal de salida al mar y de donde se alimentaría la extracción de agua propuesta por EA.
El proceso de bombeo y extracción de agua del caño Tiburones se establece para dos propósitos principales, señaló la agencia: primero, asegurar la vida y la propiedad de las comunidades y los terrenos agrícolas adyacentes al caño Tiburones reduciendo los niveles de inundabilidad y, segundo, asegurar la integridad ecológica de los sistemas de humedales de la Reserva Natural Caño Tiburones.
Energy Answer presentó una propuesta para el uso de agua salobre con un promedio de 2.1 millones de galones diarios para uso en la torre de enfriamiento y producción de vapor en las calderas de este proyecto industrial.
La solicitud de franquicia de agua que presentó la empresa consideraba utilizar lo que identificaba como un excedente de agua de la descarga de la estación El Vigía.
“Al revisar el funcionamiento de la estación de bomba en un cuadro de un año natural se documentó que no se puede comprometer el caudal de agua solicitado para este lugar, inclusive la estación de bomba ha permanecido sin operar por semanas sin extraer agua”, señaló el DRNA en una comunicación escrita.
La agencia agrega que, por consiguiente, “considerar una extracción diaria de 2.1 millones de galones podría menoscabar las condiciones naturales necesarias para las funciones y producción de los servicios ambientales de la Reserva Natural Caño Tiburones”.
El análisis documentó que existen periodos en el año en el que no se cuenta con el excedente considerado en la solicitud y establecer una extracción de agua en estos periodos afectaría las condiciones de la Reserva Natural.
En la actualidad existe una impugnación de esta denegatoria por EA, que será atendida por el proceso administrativo de la agencia.
Por otro lado, la compañía Energy Answers calificó el como “cuestionable” el cambio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para utilizar agua del Caño Tiburones en Arecibo.
“En este momento en que Puerto Rico hace grandes esfuerzos para alentar la inversión, incentivar la economía y crear empleos, la determinación del DRNA nos toma por sorpresa porque tenemos un acuerdo firmado por la agencia para esta franquicia. La decisión de anular un acuerdo válido socava las gestiones hechas por el Ejecutivo para mover al País hacia adelante” expresó Mark J. Green, Vice-Presidente de Energy Answers en declaraciones escritas.
Según expuso Green, la determinación de la agencia es cuestionable debido a las múltiples irregularidades que incluyen las siguientes: 1) la compañía nunca fue notificada de la existencia de un proceso de revisión ni participó en el mismo, 2) el DRNA sostiene que los datos que sometió la compañía difieren de sus datos pero, no ofreció la oportunidad a la empresa de revisar y aclarar estos y 3) todo lo anterior ocurrió mientras la compañía estaba realizando esfuerzos con la agencia por un periodo de siete meses para coordinar una visita de campo y discutir todos los detalles y aspectos de cómo el programa funcionaría y protegería al Caño.
De otra parte, el biólogo y asesor ambiental de Energy Answers, Javier Vélez Arocho, agregó que «la conclusión de la agencia no discute el hecho de que todos los días millones de galones de agua salen de esa reserva con o sin el funcionamiento del sistema de bombas. El agua que utilizará Energy Answers es parte de esa agua en exceso”.
El lunes varias organizaciones que se oponen a la construcción de la incineradora en Arecibo exhortaron a Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que mantenga el rechazo a la solicitud hecha por la empresa Energy Answers para extraer agua del Caño Tiburones.
“Inclusive la estación de bomba ha permanecido sin operar por semanas sin extraer agua. Por consiguiente, considerar una extracción diaria de 2.1 millones de galones podría menoscabar las condiciones naturales necesarias para las funciones y producción de los servicios ambientales de la Reserva Natural Caño Tiburones. El análisis documentó que existen periodos en el año en el que no se cuenta con el excedente considerado en la solicitud y establecer una extracción de agua en estos periodos afectaría las condiciones de la Reserva Natural”, mencionó Guerrero en comunicado de prensa.
El siguiente comunicado fue publicado por la Coalición Pro CEN
San Juan, PR – En la mañana de hoy, y a través de la radio, el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán Kercadó, señaló que tiene objeciones a la aprobación del P. del S. 2282 debido a que la medida contiene, alegadamente, errores en los números de catastro del CRIM que identifican las fincas pertenecientes al Corredor Ecológico del Noreste (CEN) y aquellos terrenos públicos que serán designados como reserva natural. Indicó que le comunicará dichas objeciones al Gobernador.
Camilla Feibelman, coordinadora del capítulo local del Sierra Club y miembro de la Coalición Pro CEN, aclaró que “estas alegaciones son maliciosas, por lo que es importante señalar lo siguiente:
1. Los números de catastro contenidos en el proyecto de ley fueron tomados del Plan y Reglamento Especial de la Gran Reserva del Noreste, documento que el propio Secretario preparó y aprobó.
2. En caso de que estos datos estuviesen incorrectos, y preveyendo que cualquier posible discrepancia, real o falsa, fuera a ser utilizada como excusa para objetar la aprobación del proyecto de ley, la medida provee en su lenguaje otras referencias que ayudan a despejar de cualquier duda sobre cuales son los terrenos que comprende el CEN, y cuales son los que serán designados como reserva natural. Por ejemplo:
En la Exposición de Motivos se hace una descripción detallada de cuales son las fincas públicas en el Corredor,su cabida, y a que agencia o corporación pública pertenecen. En el Artículo 4,se provee una descripción detallada de los lindes del CEN,no tan solo de las fincas que lo componen según el número de catastro del CRIM,sino también una descripción física de las estructuras y comunidades que lo rodean, así como las cordenadas (latitud y longitud) en que se encuentra demarcado. El informe rendido por la Comisión de Urbanismo e Infraestrura y la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado,en su exhibit o anejo 1,contiene un mapa delimitando gráficamente los límites del CEN.”
A los miembros de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noeste les es importante aclarar y desmentir estas alegaciones mal intencionadas del Secretario Galán Kercadó.
Este pasado lunes, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó 42 a 0,el Proyecto del Senado 2282 (P. del S. 2282), designando como reserva natural todos los terrenos públicos en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN). De esta manera y en un acto sin precedente en lo que va del presente cuatrienio, dicho cuerpo legislativo se unió unánimemente al Senado, cuyos miembros habían votado de igual manera a favor de este proyecto de ley.
El siguiente artículo fue escrito por la periodista CándidaCotto y publicado el 24 de abril de 2012 en Claridad.
¿Qué tienen en común las comunidades de Piñones-Loíza, Cangrejos, en Santurce, una familia en San Isidro, Canóvanas y el anciano Don Andrés, en un bosque en Adjuntas? Sus historias están hilvanadas por unas concepciones particulares sobre la justicia, la propiedad y el medio ambiente practicadas por el estado, apuntó la experta en Derecho Ambiental, Érika Fontánez Torres.
Las nociones de justicia ambiental y el derecho a la tierra fueron discutidas por la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Fontánez Torres, durante la conferencia “La justicia ambiental y el derecho a la tierra: Construyendo una agenda de futuro para Puerto Rico”, que se llevó a cabo el 12 de abril en el Museo de Arte de Puerto Rico.
En su exposición, la profesora dejó patente la política del estado en Puerto Rico de proteger sólo a los propietarios cuya propiedad es valorada en el mercado, que sólo respeta la propiedad de quien accede a la riqueza, y les aplica un concepto utilitarista sobre el medio ambiente. Mientras, para el pobre, aplica unas políticas conservadoras donde usa hasta el máximo su poder para expropiarle sus espacios para ponerlo en las manos de esos propietarios ricos y una noción conservacionista o ecológica en lo que respecta al medio ambiente.
La diferencia con que actúa el estado en cuanto a aplicar la justicia ambiental y el derecho a la tierra dependiendo de quiénes son los propietarios, y la evolución del concepto de “propiedad de la tierra”, en Puerto Rico, discutidos por la profesora Fontánes Torres, reiteraron las denuncias que otros líderes comunitarios manifestaron sobre las experiencias de sus comunidades. Los ejemplos presentados son ilustres. En el caso de San Isidro, narró que las familias de este barrio están en riesgo de ser multadas y desalojadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés) por alegadamente haber rellenado el humedal sin permiso y construir allí sus viviendas. Comparó que mientras ésta es la actitud de la EPA hacia los residentes de San Isidro, a pocos pasos y en parte del mismo humedal esa misma agencia le concedió permiso a la compañía Walmart para construir una megatienda. Irónicamente, la EPA es una de las agencias que auspició la conferencia.
En el caso de los residentes del sector Cangrejos de Santurce, debido a la baja compensación que les dio el gobierno al expropiar sus casas que eran propiedad privada, no pudieron permanecer en la ciudad. Comparó que a pocas calles de Cangrejos hay residentes con casas millonarias, los cuales han cerrado el paso a la playa aludiendo a su derecho a “salvaguardar su propiedad”. Fontánez Torres afirmó que la mayoría de las controversias ambientales en el país tienen como protagonistas a los sectores más afectados quienes ya tienen desventajas socioeconómicas por lo que es “difícil cuestionar que las controversias de política medioambiental están vinculadas con las de justicia social”.
La licenciada presentó que la organización de las comunidades del G-8 y la creación del Fideicomiso de la Tierra, el cual es un mecanismo propietario con una función social que ayuda a mantener la tenencia de la tierra, superar la pobreza y remediar el problema del medio ambiente del caño de Martín Peña, es la historia que mejor ilustra la integración de los elementos de justicia, propiedad y medio ambiente.
Entre sus señalamientos que resumen la falta de justicia ambiental y la diferencia de política pública que exhibe el estado ante las comunidades abogó porque los reclamos a favor del medio ambiente deben incluir de manera inexorable los elementos de justicia social y el respeto a las comunidades como parte intrínseca del medio ambiente, o de lo contrario están abocadas al fracaso.
“Las medidas de justicia para remediar la falta de acceso a los recursos materiales y a los naturales deben propiciar nuevas relaciones sociales de poder. Se plantea la necesidad de que la distribución a la que se alude no sea exclusiva del ámbito material sino que incorpore medidas -como las adoptadas en el proyecto del Caño Martín Peña- para generar nuevas relaciones de poder. No es suficiente la redistribución de los recursos. Hay que asegurar que los aventajados no tengan todo el poder de definir las relaciones y los espacios”, recalcó la licenciada Fontánez Torres.
Luego de que un panel del Tribunal de Apleaciones revocara la consulta de ubicación para el proyecto residencial-turístico Villa Mi Terruño, otro panel del mismo foro determinó que las personas que custionaban el documento ambiental no demostraron tener legitimación activa para llevar sus reclamos al tribunal. De esta forma, se unen a los muchos ciudadanos que diariamente buscan en la Rama Judicial un espacio para defender sus intereses ambientales y comunitarios y no lo consiguen.
La Ley de política pública ambiental obliga a las agencias del gobierno a analizar los impactos ambientales de toda acción que propongan. El elemento central de este análisis requiere la preparación de un documento ambiental que (1) describa en detalle las condiciones del ambiente en el área a impactarse y (2) evalúe los impactos ambientales que resultarán si se lleva a cabo la actividad. Este proceso busca, por un lado, informar al público sobre los planes del gobierno y permitirle expresarse sobre éstos. También persigue que las agencias cumplan con su obligación de tomar en cuenta el ambiente y los recursos naturales antes de llevar a cabo cualquier acción. Dicho documento debe ser evaluado por la Junta de Calidad Ambiental (JCA), quien debe asegurarse de que éste cumple con los requisitos que exige la ley.
Área a ser impactada por el proyecto Villa Mi Terruño según la DIA.
La sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso de Villa Mi Terruño se da unos días antes de la determinación del Tribunal Supremo en el caso del gasoducto, que determinó que los daños que sufrirán las personas que viven, trabajan, viajan o se recrean en la ruta donde se construirá el gasoducto son abstractos, hipotéticos y especulativos. Decidió el Supremo que la controversia no es justiciable, es decir, que no puede ser atendida por el tribunal, por no tener ante sí personas con un interés real en el desenlace del caso. Al así decidir, no pasó juicio sobre las reclamaciones de aquellos cuyos intereses se verán directamente afectados por la decisión de la JCA de aprobar el documento ambiental. Los dejaron fuera del tribunal sin siquiera considerar la validez de sus argumentos. El Apelativo llegó a la misma conclusión con relación a varios residentes de Culebra que cuestionaban la suficiencia de la declaración de impacto ambiental del mega-proyecto propuesto.
El efecto práctico de estas determinaciones es que un documento ambiental puede estar plagado de errores, omisiones e inconsistencias y aun así guiar efectivamente el proceso de planificación para el cual fue concebido. La autoridad encargada podría realizar un análisis superfluo, sesgado y erróneo sobre los impactos de la acción y éste pasaría sin problemas el cedazo de la JCA, independientemente de lo que exija la ley. Un documento ambiental podría decir, por ejemplo, que desviar millones de galones de agua para un mega-proyecto no va a tener impacto sobre el suplido de ese recurso para comunidades adyacentes, o que destruir miles de cuerdas de bosques y humedales no tendrá efecto alguno sobre la flora y la fauna que los habita.
Según estas decisiones, los tribunales no pueden pasar juicio sobre el curso de acción de la JCA en estos casos por más absurda que sea su determinación. Todo esto porque la aprobación de un documento ambiental no es un permiso final. Porque, aunque estando llena de mentiras y siendo claramente contraria a la ley, una declaración de impacto ambiental mal hecha no le inflige daño a nadie. Pero, ¿hasta qué punto puede sostenerse ese argumento? Ningún permiso –en tanto hoja de papel– puede ocasionar un daño real. Habría que esperar, entonces, a que se asomen los bulldozers, en cuyo caso toda acción en los tribunales ya habría prescrito, sin mencionar que el daño sería inevitable.
En el caso de Culebra, el documento ambiental expone que no hay humedales donde se construirá el proyecto, que allí no hay bosques, que no se afectarán los corales, ni los ecosistemas acuáticos, ni las especies en peligro de extinción, y que no se comprometerá la infraestructura de la cual depende la gente para vivir. Afirma, aunque suene insólito, que construir 110 unidades de vivenda y dos paradores en 90 cuerdas de terrenos ecológicamente sensitivos no va a tener un impacto significativo sobre el ambiente y la calidad de vida de los residentes. Todas estas aseveraciones, según lo demostró la comunidad, son falsas. Peor aún, son contrarias a la ley y al mandato constitucional que obliga al Gobierno de Puerto Rico a proteger sus recursos naturales. Lo mismo ocurrió con el gasoducto.
En estos casos, la JCA ignoró la Ley de política pública ambiental y su reglamento al aprobar documentos ambientales plagados de errores. Al así actuar, despreció la confianza en ella depositada por el pueblo, quien a fin de cuentas es quien debe beneficiarse de su labor. Si está tan dispuesta a pisotear la ley ambiental por cuyo cumplimiento debe velar ¿para qué existe la JCA?
Lo que sucede es que, en teoría, los tribunales están para proteger a la ciudadanía de las decisiones arbitrarias de las agencias. Así ha ocurrido en Puerto Rico en casos ambientales desde 1971, año en el cual se aprobó la política pública ambiental y se estableció expresamente que las determinaciones de la JCA serían revisables por los tribunales. Después de todo, si una agencia con la importancia de la JCA ignora el mandato de la ley y la Constitución, ¿quiénes deben asegurar su cumplimiento si no los jueces? Y, si al final del camino, los jueces van a ignorar la ley y a convertirse en cómplices de la arbitrariedad de las otras ramas del gobierno, ¿para qué existen los tribunales?
Las decisiones en los casos de Culebra y el gasoducto sólo pueden justificarse desde el frío despacho de un juez totalmente desprendido de la realidad. Un juez, a su vez, dispuesto a ignorar los precedentes del Tribunal Supremo que desde 1974 le han reconocido a la ciudadanía un derecho amplio a acudir a los tribunales para exigir cumplimiento con nuestra política pública ambiental. ¿Quién en Puerto Rico cree que el daño al que se exponen aquellos que viven en la ruta del gasoducto es uno hipotético? ¿Quién piensa que Villa Mi Terruño no representa un peligro para los corales, las aguas, la pesca y la calidad de vida de la gente? ¿Pensarían lo mismo estos jueces si vivieran en la ruta de “Vía Verde” o en algún barrio de Culebra?
Las personas cuyo bienestar se encuentra bajo amenaza por estos proyectos acudieron a los tribunales con la esperanza de hacer cumplir la ley. Trágicamente, éstos abdicaron su deber de custodiarla y hacerla valer. Más aún, renunciaron a la posibilidad de restaurar la ya deteriorada confianza del pueblo en el sistema judicial.
La rama judicial le ha dado la espalda al pueblo una vez más. No queda duda de que la lucha ambiental no será en los tribunales.
Nos queda la calle.
Más información sobre las más recientes decisiones judiciales en casos ambientales aquí y aquí.
El siguiente es un comunicado de prensa publicado por Coralations.
Culebra, Puerto Rico – La pequeña y ecológicamente sensitiva Isla de Culebra celebra la noticia de la victoria ante el Tribunal de Apelaciones, el cual revocó la decisión administrativa mediante la cual la Junta de Planificación (JP) aprobó un mega-proyecto turístico que ya ha causado daño a las prístinas costas caribeñas protegidas por una zonificación especial de baja densidad. La decisión de la Junta fue retada en corte por CORALations, una organización para la conservación de los arrecifes de coral del Caribe, representada por la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) y la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico a las cuales se unieron intereses privados vecinos del proyecto. La comunidad de Culebra ha estado luchando contra este proyecto, obviamente insostenible, desde el 2003.
El proyecto, irónicamente llamado Villa Mi Terruño, propuso la primera urbanización con acceso controlado para la isla con 110 residencias lujosas, dos hoteles y área comercial en poco menos de 94 cuerdas de terreno. El proyectista, Manuel H. Dubón de Culebra Resorts Associates y el Arquitecto Chris Young, disfrazaron el proyecto de «sostenible» y «verde».
En síntesis, la corte determinó que la Junta de Planificación aprobó el proyecto sin cumplir con los parámetros de densidad establecidos para Culebra. Estos parámetros especiales de zonificación de baja densidad fueron establecidos para proteger la integridad ecológica de la isla y sus preciosos arrecifes de coral.
La Junta de Planificación no aprobó este proyecto en el 2005 porque Culebra no contaba con la infraestructura necesaria para sostener un proyecto de esta magnitud. En aquel entonces tampoco contaba con el indispensable endoso de la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra, la agencia local responsable de asegurarse que los proyectos propuestos para Culebra no comprometan la integridad ecológica de la isla. El Lic. Rafael Espasas García, representante de CORALations, señaló, «Resulta inverosímil que en tiempos de una crisis energética decretada por el Gobernador de Puerto Rico, la Junta de Planificación aprobara un proyecto que acapararía el 30% de la energía disponible para toda la isla de Culebra.»
En el 2007, cuando cambió el gobierno, los proponentes obtuvieron el endoso de la nueva junta de la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra (ACDEC) y con ella volvieron a someter el proyecto ante la Junta de Planificación. Mary Ann Lucking, Directora de CORALations declaró, «La determinación del Tribunal de Apelaciones valida las preocupaciones de la comunidad de que ACDEC emitió su endoso sin considerar las mismas leyes que la comunidad le encomendó que protegieran. La comunidad nunca debió de haber llevado el peso de la prueba en corte para combatir esta flagrante campaña de lavado ambiental.
El proyecto ya ha causado daño a los recursos marinos de Culebra por la crónica erosión causada por carreteras de tierra abiertas sin planificación. «Los arrecifes de coral y las praderas marinas cerca del proyecto tienen un pequeño vivero de peces que son de crítica importancia para la comunidad de Culebra,» dijo Lourdes Feliciano de la Asociación de Pescadores de la Isla de Culebra. La Asociación ha protegido a la comunidad y sus arrecifes de coral desde la exitosa lucha para terminar con las prácticas navales de los Estados Unidos y la OTAN en la isla, en los años setenta. La Asociación propuso la designación de la primera reserva natural en aguas puertorriqueñas. Añadió Lourdes, «La erosión causada por el proyecto también amenaza las aguas y los corales de la reserva.»
La ambientalista Rosarito Morales, activa oponente del proyecto, indicó, «Este es un gran triunfo para nuestra comunidad, el alivio es grande. Esta determinación es crucial para nuestro futuro como isla. Celebramos que el tribunal le haya recordado a la Junta de Planificación que esta ‘tiene la responsabilidad ineludible de preservar, conservar y proteger las escasas áreas naturales de Puerto Rico para el disfrute de la presente y futuras generaciones, como también tiene la responsabilidad de velar por la protección de los parajes de excepcional belleza y evitar desarrollos aislados que deterioren o destruyan esa belleza.»
Como trasfondo, recordemos que el gobernador Luis Fortuño derogó en el 2009 la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste y la sustituyó por la Gran Reserva del Noreste. Esta última, a pesar de su nombre, dejó desprotegida gran parte de los valiosos terrenos que formaban parte de la reserva original, sin mencionar que como parte de su nueva configuración incluye viviendas, comercios, carreteras, gasolineras, entre otros elementos urbanos. También incuye terrenos previamente protegidos como parte de otras reservas naturales, como Seven Seas y las Cabezas de San Juan. Increíblemente, muchos de los terrenos que quedaron fuera de la nueva reserva se encuentran en el corazón de la misma, en el mismo centro, y comprenden áreas de igual o mayor valor ecológico que aquellos incluidos.
Al presente, varias organizaciones comunitarias y ambientales se encuentran en los tribunales exigiendo la derogación de la nueva reserva y la restitución de la original. Como parte de ese pleito, el Tribunal de Apelaciones emitió una orden que establecía una prohibición a que se construyera en los terrenos que forman parte del Corredor Ecológico pero quedaron fuera de la nueva reserva establecida por el gobierno de turno. El propósito de esa orden era evitar que se destruyeran o alteraran los terrenos de alto valor ecológico antes de que el tribunal decidiera si deben o no ser protegidos. Dicha orden fue dejada sin efecto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en días recientes, abriendo así la puerta para que se construya en los terrenos antes de determinar si la nueva designación de reserva es o no válida. El efecto de esta determinación es que para cuando se determine, si así se hace, que los terrenos deben ser protegidos, es posible que éstos ya hayan sido modificados y no haya nada que hacer.
Es en ese contexto que se da la siguente noticia, que fue difundida por los medios esta semana:
Entidades y religiosos acuden al Supremo por CEN (noticel.com)
Por Cybernews 20/02/2012 08:11 am
El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP), y líderes religiosos presentaron por separado varias peticiones para ser considerados como “amigos de la corte” por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
En sus peticiones, recomiendan y solicitan a su vez la restitución de una moratoria emitida por el Tribunal Apelativo (TA) prohibiendo la otorgación de permisos de construcción en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN), la cual había sido revocada preliminarmente por el alto foro judicial a petición de la administración del gobernador Luis Fortuño.
El obispo de la Diócesis de Fajardo-Humacao de la Iglesia Católica, monseñor Eusebio Ramos Morales, y el pastor general de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico (IEUPR), reverendo Edward Rivera Santiago se unieron al pedido.
“Nos sentimos sumamente honrados por el interés y la posición expresada por el CAAPPR y la SPP, por ser estas dos de las organizaciones profesionales con mayor peritaje en asuntos sobre la planificación de los usos del terreno en la Isla, así como por el respaldo del monseñor Ramos y el reverendo Rivera, ya que la conservación y desarrollo sostenible del Corredor significa en primera instancia un asunto moral y de justicia social”, expresó en un comunicado Angie Colón, presidenta de la Coalición Pro CEN , y residente de Luquillo.
El CAAP y la SPP señalaron en sus escritos, entre otros asuntos, que la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) debieron haber preparado una declaración de impacto ambiental con el fin de evaluar los posibles impactos ambientales que el nuevo plan de usos de terrenos pudiera ocasionar sobre el Corredor y áreas adyacentes en la falda de El Yunque. Sobre todo, cuando ambas agencias han reconocido por décadas que dicha zona alberga recursos naturales de extraordinario valor ecológico cuya condición ha estado amenazada por el desparrame urbano.
Alegaron que, en cambio, ninguna de las agencias cumplió con este requisito de ley, proponiendo en vez la exclusión de más de 450 cuerdas en el Corredor protegidas originalmente como reserva natural, y que ahora podrían ser urbanizadas junto a otros terrenos en la falda de El Yunque. El nuevo plan de usos de terrenos fue aprobado eventualmente, aún con las objeciones de más de 200 entidades e individuos, entre los que se destacan el Servicio Forestal Federal, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, y el Fideicomiso de Conservación.
Por su parte, el Obispo de la Diócesis de Fajardo-Humacao, conocida también como la Diócesis del Yunque, y el pastor general de la IEUPR, expresaron su preocupación por el efecto que la derogación de la moratoria pudiera tener sobre la confianza en el sistema judicial del país y su efectividad en resolver de forma justa cualquier controversia o conflicto planteado por la ciudadanía. Esto, debido que al derogar la moratoria y el gobierno otorgar permisos de construcción, se convertiría en académico el recurso de revisión radicado en el Tribunal Apelativo por las organizaciones e individuos pertenecientes a la Coalición y en el que impugnan la aprobación del nuevo plan, dejando sin remedio o amparo judicial a los demandantes.
El monseñor Ramos señaló en su escrito que “el desarrollo de estructuras con fines lucrativos, como lo que se pretende realizar en el CEN, no puede arriesgar la Naturaleza y sus recursos, que son limitados, respondiendo a objetivos inmediatos y eludiendo el compromiso social y moral que a todos nos incumbe.”
Mientras, el reverendo Rivera concluyó su posición exhortando a los jueces del Tribunal Supremo “a actuar y promover en todas sus decisiones, un desarrollo sostenible que garantice el equilibrio de los ecosistemas, incluyendo el sistema de trabajo, y, al mismo tiempo, que tenga sentido de solidaridad para con las generaciones futuras. Éstas tienen derecho a una sociedad equitativa, justa y participativa y que posea un medio ambiente saludable.”
Las organizaciones e individuos pertenecientes a la Coalición tienen hasta mañana martes para someter su solicitud de reconsideración al Tribunal Supremo para que restituya la moratoria de permisos de construcción en el CEN.
Este artículo fue publicado el 26 de octubre de 2011 por Prensa Comunitaria.
Cerca de una veintena de organizaciones, grupos comunitarios y residentes en zonas aledañas al proyecto del gasoducto afectados por su construcción notificaron al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) su intención de demandarlos por serias y crasas violaciones a leyes federales.
“Ante la amenaza de daño irreparable a numerosas especies en peligro notificamos nuestra intención de incoar una demanda ciudadana”, lee el documento enviado al coronel Alfred A. Pantano, Comandante del Distrito de Jacksonville del USACE.
Los demandantes denuncian que al otorgar el permiso para la construcción del gasoducto, el Cuerpo de Ingenieros incumple sus obligaciones bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés). La notificación activa el término de 60 días que la ley otorga al Cuerpo de Ingenieros para responder y atender los señalamientos mencionados en la carta de intención.
Según se indica en la carta “a pesar de que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS, por sus siglas en inglés) determinó que en la zona del proyecto existen sobre 40 especies, sólo se llevó a cabo el procedimiento de consulta formal para tres (3) especies; la boa puertorriqueña, el guaraguao y el halcón de sierra. Para el resto de las especies de flora y fauna a lo largo de las 92 millas del proyecto el Cuerpo de Ingenieros determinó que “no afecta” o “no habría afecto adverso”
Los demandantes detallan en el documento las violaciones a la ley federal de Especies en Peligro de Extinción y sus reglamentos, que incluyen: falta de análisis y consideración a medidas de mitigación para 38 especies de animales y plantas, uso de estudios inadecuados en la preparación de la evaluación biológica (Biological Assesment), cambios continuos en la ruta sin realizar estudios (surveys) sobre el efecto en las especies, falta de consideración a todos los impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto sobre todas las especies amenazadas, no hacer consultas formales con los Servicio de Pesca y Vida Silvestre y de Pesquerías, según requiere la ley para 38 de las 40 especies amenazadas, incumplimiento del deber de velar por la existencia de especies en peligro y bajo amenaza de extinción, entre otras serias violaciones.
Explica la carta que la ESA requiere que USACE consulte con el FWS y con el Servicio de Pesquerías sobre los potenciales efectos de acciones de la agencia federal en especies amenazadas o en peligro de extinción y su hábitat. El proceso de consulta incluye: (1) solicitud de información inicial, en la que la agencia proponente o que permita una acción solicite, por iniciativa propia, información sobre las especies; (2) evaluación biológica, para identificar las especies que podrían afectarse de la acción no sólo en la zona inmediata a la acción; (3) consulta formal, que debe llevarse a cabo con la agencia experta si existe un posible efecto adverso, beneficioso, o indeterminado sobre alguna especie; y (4) opinión biológica, en la que la agencia experta debe detallar cómo las acciones afectan las especies y su hábitat critico.
Entre las especies mencionadas como en peligro y para las cuales no se realizó una consulta formal se encuentran; el guabairo, el coquí llanero (que está en proceso de entrar a lista de especies en peligro de extinción), el sapo concho, la cotorra puertorriqueña, varias especies de tortugas, el manatí, corales y decenas de plantas y arbustos.
Además, del Cuerpo de Ingenieros, la carta critica al Servicio de Pesca y Vida Silvestre por el pobre trabajo realizado para cumplir con su responsabilidad de velar por las especies de flora y fauna a lo largo de la ruta.
“El Cuerpo de Ingenieros y el FWS están faltando a su deber ministerial al no ordenar como mínimo una Declaración de impacto ambiental federal que cumpla con todos las leyes que los obligan. Un proyecto tan complejo como este no puede ser despachado mediante un proceso fast-track” señaló Gustavo Casalduc, portavoz del Comité utuadeño contra el gasoducto, uno de los demandantes.
El grupo de demandantes incluye prestigiosas organizaciones como el Sierra Club, el Center for Biological Diversity, Ciudadanos del Karso, la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, la Federación Espeleológica de Puerto Rico; Comité Utuadeño contra el Gasoducto, Vegabajeños Impulsando un Desarrollo Ambiental Sustentable, otros grupos comunitarios, ciudadanos y vecinos afectados por el nefasto proyecto. Los demandantes exigen al Cuerpo de Ingenieros que cumpla con las leyes que lo rigen y no permita que el proyecto del gasoducto ponga en riesgo la existencia de estas especies, el balance ecológico de la isla y la vida de todos los puertorriqueños.
SLPR es una corporación privada sin fines de lucro que provee, desde 1966, representación legal gratuita a personas de escasos recursos en casos de naturaleza civil. Como “el bufete de los pobres” atiende unos 40 mil casos anualmente a través de 17 centros de servicio alrededor de la Isla. www.servicioslegales.org.
El siguiente artículo fue escrito por Laura Candelas de El Nuevo Día.
Son abogados, pero no quieren litigar.
Creen en el Derecho para lograr el cambio social, para visibilizar voces y caras de la gente, para trabajar por la justicia, no por las leyes.
No es que renieguen de lo aprendido en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, es que los integrantes de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) apuestan a que educar y apoderar a las comunidades con las que trabajan logrará mejores y más duraderos resultados.
En 2005, el grupo comenzó como una organización estudiantil posiblemente impulsada por el romanticismo de la juventud. Han pasado varios años y siguen con la pasión y el arrojo aunque se han incorporado y, si bien mantienen su sede en el Recinto de Río Piedras de la UPR, ahora funcionan con alguna independencia de la institución.
Es común que, ante su primer acercamiento a las comunidades, la propuesta de los vecinos sea ir a los tribunales a buscar justicia.
Pero parte de su tarea es promover que la gente se eduque sobre su problema, estimule opinión pública a su favor y logre, fuera del tribunal, la justicia deseada.
“El abogado debe ser una herramienta al servicio de la comunidad”, explica Jessabet Vivas Capó, quien considera que hay que cambiar la relación abogado cliente y descentralizar el papel que los primeros juegan en las luchas comunitarias.
Luis Torres Asencio, director ejecutivo del grupo de 19 voluntarios, explica que ANDA enfatiza en la participación de la comunidad en todo el proceso, que no quieren limitar a la protección de los recursos naturales sino ampliarlo para que cubra los derechos humanos de las comunidades que sirven.
La meta a largo plazo es que la gente se involucre en los problemas del País, no solo en los de su entorno, y que participen en la elaboración de la política ambiental a nivel nacional.
Para esto, hacen publicaciones, realizan jornadas ambientales en las que participan expertos sobre temas que estén vigentes en la opinión pública y ofrecen talleres prácticos con la comunidad y representantes del Gobierno.
Con su trabajo durante los últimos seis años, han influido en la comunidad de Villas del Sol, el Corredor Ecológico del Noreste, el acceso a las playas y la aprobación de la ley uniforme de permisos, en la que lograron incluir cambios beneficiosos para las comunidades.
Todos son jóvenes talentosos, fajones, llenos de entusiasmo y energía que muy bien podrían traducir en jugosos sueldos en algún bufete de prestigio que, entre otras cosas, les ayudaría a pagar sus préstamos estudiantiles.
Pero no, como el poeta, echaron su suerte con los pobres de la Tierra y trabajan sin prisa, pero sin pausa ayudando a las comunidades a ayudarse a sí mismas para transformar el País.
“Precisamente, porque este trabajo nos importa tanto, es más difícil que trabajar en un bufete. Estamos trabajando con los hogares, la salud de estas personas, aspectos de sus vidas que nos llevan a un mayor compromiso”, afirma Vivas Capó.
La isla de Culebra es, sin duda, uno de los lugares más extraordinarios de Puerto Rico. Sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, paisajes espectaculares y abundante biodiversidad marina y terrestre la convierten en un verdadero paraíso. La vida de su habitantes – unas dos mil personas – está inexorablemente ligada a estos recursos naturales. Su sustento, por ejemplo, depende en gran medida de las actividades pesquera y turística.
En los pasados meses las agencias del Gobierno de Puerto Rico le dieron luz verde al desarrollo de más de 100 casas, dos paradores y otros desarrollos a ser construidos en un área aproximada de 100 cuerdas en Culebra. La construcción de este complejo residencial-turístico – denominado Villa Mi Terruño – amenaza con afectar adversamente la frágil infraestructura de la isla, así como sus valiosos arrecifes de coral, múltiples especies amenazadas y en peligro de extinción y algunos de los más espectaculares sistemas naturales y paisajes del Caribe.
Al presente, los casos impugnando las determinaciones de las agencias del gobierno que aprobaron el proyecto (la Junta de Planificación y la Junta de Calidad Ambiental) se encuentran ante el Tribunal de Apelaciones.
Cabe mencionar brevemente por aquí que los estudios sobre la flora y fauna realizados por el proponente privado del proyecto son una burla a cualquiera que haya visitado la isla, pues éstos documentan únicamente la presencia de nueve especies vertebrados en un área aproximada de 100 cuerdas: el Pelícano Pardo (Pelecanus occidentalis), el Turpial (Icterus icterus), la Tijereta o Rabijunco (Fregata magnificens), el Lagartijo Común (Anolis cristatellus), el Lagartijo Manchado (Anolis stratulus), el Lagartijo Jardinero (Anolis pulchellus), la Siguana Común (Ameiva exsul), el Coquí Común (Eleutherodactylus coqui) y el Sapo Común (Bufo marinus). El haber documentado solamente 3 especies de aves para un área de 100 cuerdas es indicativo de por sí de que el estudio es deficiente. Cualquier persona que esté leyendo esto en Puerto Rico – sin importar cuán adentrado se encuentre en el casco urbano de cualquier ciudad – va a tener a su alrededor mucho más de 3 especies de aves y 9 especies de vertebrados en total. Lamentablemente, en Puerto Rico estos estudios ambientales se han convertido en un requisito pro forma sobre el cual las agencias del gobierno no ejercen ninguna supervisión. Detrás de esto, la industria de la llamada «consultoría ambiental» se enriquece certificando estudios que no cumplen ni con los más básicos requisitos metodológicos de las ciencias ambientales y la ecología.
A continuación les incluyo vídeos, enlaces de interés y noticias recientes sobre el proyecto.
Videos:
El siguiente video documenta el impacto que actualmente tienen las escorrentías que provienen del proyecto sobre los cuerpos de agua adyacentes:
Más vídeos y fotos sobre los impactos ambientales del proyecto aquí.
Noticias:
Denuncian amenaza ambiental en Culebra (noticel.com)
Por: Melissa Solórzano García 15/04/2011 10:37 am
Aunque el proyecto es viejo, la amenaza sobre los culebrenses es nueva. Desde el 2003 están luchando contra el mega desarrollo que amenazaría las costas de la isla municipio y que finalmente recibió los permisos que en el pasado habían sido negados.
Según denunciaron dos agrupaciones ambientales y miembros de la comunidad, el proyecto Villa Mi Terruño atenta contra la calidad de vida de los que residen en Culebra porque agravaría los problemas existentes de infraestructura en el agua y la energía eléctrica.
«Es una monstruosidad en su tamaño. Es más grande que el pueblo. El acceso es solamente un puente levadizo antiquísimo que yo no sé como va a mover la gente de un lado para otro. A nosotros se nos llevan el agua a cada rato, la luz tenemos una plantita que nos resuelve cuando se va, pero ¿cómo va a resolvernos cuando va a tener esa monstruosidad aquí? Si ese señor (en referencia al desarrollador Manuel H. Dubón) hubiese decidido hacer una casa a cada cinco cuerdas quizás la gente no se hubiese levantado pero esto es un ataque», denunció Rosarito Morales, quien reside en Culebra desde hace 20 años.
Dubón y su compañía Culebra Resorts Associates pretenden construir el proyecto que consiste en una finca de 100 cuerdas que incluiría 110 unidades de vivienda, dos hoteles de 32 habitaciones cada uno, un campamento de 15 habitaciones, un espacio comercial de 6,000 pies y 150 espacios de estacionamiento.
Mientras los proyectistas disfrazan a Villa Mi Terruño como un complejo sostenible, el licenciado Rafael Espasas, quien representa a la organización Coralations señaló que el desarrollo utilizaría un 25% de la electricidad del municipio. Es decir, 1,350 kva de los 4,000 kva que suple la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Además, recordó que la vida útil del vertedero de Culebra, según la Autoridad de Desperdicios Sólidos, está a punto de llegar a su fin.
Espasas detalló que tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambiental (DRNA), la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Junta de Planificación (JP) como la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra se opusieron en diferentes ocasiones por los problemas de infraestructura.
«Al cambiar la administración, los obstáculos de las agencias desaparecieron. El DRNA envió una carta revocando la anterior y endosó el proyecto, la JP le dio el visto bueno a la consulta de ubicación en diciembre del 2010 y la Junta de Calidad ambiental aprobó la Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) en septiembre».
El representante legal de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) explicó además que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) multó al desarrollador en el pasado por problemas con las descargas que provocaron los caminos sin permisos en la finca, pues los sedimentos ponían en riesgo las zonas con colonias de corales que están en los litorales costeros donde ubica el proyecto: por el sur la playa Cascajo y el norte Bahía Ensenada.
La comunidad y las organizaciones ambientales han presentado ante el Tribunal de Apelaciones dos recursos para intentar detener el proyecto, tanto por la DIA como por la consulta de ubicación.
viernes, 15 de abril de 2011
Sara M. Justicia Doll / Primera Hora
En Culebra el servicio de transportación es pésimo. El agua escasea. La luz viene y va. La vida no es fácil en la isla municipio, pero el paisaje es tan bello que la presión para desarrollar es mucha.
Así que, dejando a un lado la necesidad de los culebrenses para que todas las situaciones anteriores sean atendidas, el gobierno de Luis Fortuño dio luz verde y aprobó todos los permisos al proyecto Villa Mi Terruño, que utilizaría el 25 por ciento de la energía de la isla municipio, y mucha de la poca agua que también llega en un cable submarino desde la isla de Vieques. Así lo denunciaron la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) y la organización ambiental Coralations.
El proyecto del desarrollador Manuel Dubón proyecta la construcción de 110 unidades de vivienda, dos hoteles de 32 habitaciones cada uno, un campamento de 15 habitaciones, seis mil pies cuadrados de área comercial y 150 espacios de estacionamiento. En septiembre de 2010, la Junta de Calidad Ambiental aprobó la Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) y, en diciembre de ese año, la Junta de Planificación aprobó la consulta de ubicación.
Las organizaciones y los culebrenses en oposición al proyecto agotaron los medios administrativos y no lograron absolutamente nada.
El abogado Rafael Espasas, representante legal de Coralations, informó que hace dos semanas presentaron un recurso en el Tribunal de Apelaciones para que se revoque la aprobación de la DIA-F y la consulta.
No sólo el proyecto no es compatible con la planificación especial que rige el desarrollo en Culebra, sino que ya, antes de construido, representa daños a los corales de la playa Cascajo y Ensenada Honda, que se supone que sean protegidos por las agencias gubernamentales.
El experto Edwin Irizarry informó que ya han muerto corales o están severamente lastimados por causa de sedimentos que bajan de la montaña donde va el proyecto. La falta de control de erosión y sedimentación en los caminos que ha abierto el proyectista han tenido un impacto negativo.
El fino balance que se necesita para coexistir con el delicado ecosistema culebrense de especies protegidas y en peligro de extinción podría estar en juego una vez más, según alegan ambientalistas de la Isla municipio.
Resulta que un viejo proyecto bautizado como Villa Mi Terruño, se cierne como una nueva amenaza de la maltrecha calidad de vida de los habitantes de Culebra, según denunciaron ayer, en rueda de prensa, un par de grupos ambientalistas.
El megaproyecto está propuesto desde el 2003 por el desarrollador Manuel H. Dubón y Culebra Resorts Associates II en una finca de 104 cuerdas. El proyecto incluiría 110 unidades de vivienda, dos hoteles de 32 habitaciones cada uno, un campamento de 15 habitaciones más, un centro comercial de 6,000 pies cuadrados y 150 espacios de estacionamiento, todo con control de acceso.
Según denunciaron Mary Ann Lucking, de la organización CORALations, y Rafael Espasas, de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Junta de Planificación (JP), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra (ACDEC) se opusieron al proyecto por distintas razones, principalmente porque la infraestructura de Culebra no soporta un proyecto de tal magnitud.
“Pero al cambiar la administración, los obstáculos desaparecieron”, dijo Espasas. “El DRNA envió una carta revocando la anterior y endosó el proyecto, la JP le dio el visto bueno a la consulta de ubicación en diciembre y la JCA aprobó la Declaración de Impacto Ambiental en septiembre”, añadió.
Esos dos permisos son impugnados por varios grupos ambientales a nivel del Tribunal de Apelaciones.
El proyecto tiene dos costas: bahía de Ensenada al norte y playa Cascajo al sur. La EPA multó al desarrollador por abrir 9 kilómetros de caminos y no controlar la erosión, lo que depositó sedimentos en el agua y dañó zonas de corales.
Corredor ecológico
Por su parte, Rafael Toro, representante legal de la compañía desarrolladora, dijo que el proyecto se transformó en el 2009 para designar 70 de las 104 cuerdas como un corredor ecológico a perpetuidad y para hacerlo un desarrollo sostenible que utilice energía solar, eólica y procese las aguas recogidas de los techos de las villas.
Explicó que se redujo el número de viviendas de 134 a 111 y se integró el corredor con la aprobación de agencias como el DRNA y US Fish and Wildlife.
“Este es un proyecto de buena planificación, no de mala construcción como hemos visto por décadas en Culebra”, dijo Toro.
“Aquí se ven dos tipos: los urbanos de Dewey, improvisados, y en las afueras, donde hay una casa en terrenos de 25 cuerdas, minirranchos”, añadió.
Dijo que el desarrollo será por etapas, que podría extenderse por 15 años. Añadió que los opositores no brindan información completa y utilizan el ambiente como mecanismo para ellos apoderarse de Culebra.
“Es un grupo compuesto mayormente por americanos, que quieren que Culebra sea de ellos y de más nadie”, finalizó Toro.
Reclamo ambiental
Acapararía más del 30% de la capacidad actual de la AEE.
Utilizaría el agua de la AAA y descargaría aguas usadas a su sistema sanitario.
Llevaría más basura al vertedero.
Hay costas con colonias de corales que ya han sufrido daños por los sedimentos arrastrados por las escorrentías. La EPA los multó.
Puerto Rico es una isla con un extraordinario valor ecológico y abundante riqueza de recursos naturales. Las especies de plantas y animales que habitan nuestros ecosistemas son parte de esa riqueza. El gasoducto del norte, también llamado Vía Verde, representa un claro atentado contra la biodiversidad de Puerto Rico, que recibirá un duro golpe si se aprueba el proyecto. Su construcción representa la destrucción, degradación y fragmentación de un sinnúmero de ecosistemas que albergan cientos de especies de árboles, aves, anfibios, reptiles, peces, mamíferos e invertebrados. Entre los ecosistemas a ser impactados se encuentran bosques, humedales, ríos y playas. Estas riquezas naturales llevan a cabo funciones vitales para la salud y bienestar de los seres humanos, además de proveer espacios para recreación y esparcimiento.
Mi posición con relación a este proyecto es que sería nefasto para el país hacia el futuro. Su construcción representará la pérdida irreversible de nuestros recursos naturales y será un peligro para la vida y seguridad de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, todo esto por un supuesto ahorro en la factura que no es seguro del todo. Para mí, el proyecto no se justifica y debe ser repudiado a toda costa.
Aquí incluyo la ponencia que ofrecí en las vistas públicas el día 16 de octubre de 2010 en Barceloneta, sobre los impactos del gasoducto del norte en la flora y fauna.
Biodiversidad de Puerto Rico 