La región del karso quedará desprotegida y vulnerable si se aprueban las propuestas enmiendas a la Ley 292 del 21 de agosto de 1999, conocida como la “Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Kársica de Puerto Rico” o “Ley del Karso”.

Según Abel Vale, Presidente del la Organización Ciudadanos del Karso (CDK), tanto el gobernador Luis Fortuño como los secretarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rubén Hernández Gregorat y Daniel Galán Kercadó, han estado presionando a legisladores para debilitar la Ley del Karso con la aprobación del Proyecto de la Cámara 2566.

De acuerdo con declaraciones públicas hechas por el Gobernador Luis Fortuño y los directivos del DRNA y la JP, las enmiendas propuestas bajo el Proyecto de la Cámara de Representantes 2566 pretenden facilitar la extensión del Expreso PR-22 entre Hatillo y Aguadilla, así como la construcción de un gasoducto entre el sur y norte de la Isla. Estas enmiendas permitirían este tipo de proyecto en todos los terrenos del karso identificados por el DRNA con prioridad de conservación, y que comprenden cerca de un 35% del total del karso en el norte, sur y bolsillos aislados en el interior de la Isla, incluyendo reservas naturales y bosques estatales.

A continuación compartimos con ustedes algunos comunicados y noticias que abundan sobre la polémica.

 

 

Piden Acción Judicial Urgente por Enmiedas Propuestas a Ley del Karso

Secretario de Recursos Naturales y Presidente de la Junta de Planificación desafían órdenes judiciales

Domingo, 11 de julio de 2010

 San Juan – La organización Ciudadanos del Karso (CDK) solicitó una vista judicial urgente al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para confrontar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán Kercadó y al Presidente de la Junta de Planificación (JP), Héctor Morales Vargas, por estar cabildeando intensamente para enmendar la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico de 1999 (Ley del Karso), en abierto desafío a varias sentencias judiciales que obligaban a ambos funcionarios a implantar la política pública vigente a favor de la conservación de esta importante área.

«Es necesario que el Tribunal actúe y celebre de inmediato la vista judicial que hemos solicitado, no solo por los graves impactos a la calidad de vida de miles de personas que tendría la aprobación de las enmiendas, sino porque también se ha puesto en seria duda la validez y autoridad de nuestro sistema judicial.  Tanto el Presidente de la JP y el Secretario del Departamento han estado actuando para debilitar la Ley del Karso en menosprecio de las órdenes dictadas por el tribunal, y lo que es peor, el propio Gobernador ha estado presionando a los legisladores a aprobar dicha medida,» señaló Abel Vale Nieves, Presidente de CDK.

Desde el año 2002, CDK lleva un pleito contra la JP, el DRNA y la Administración de Reglamentos y Permisos para que estas agencias cumplan con la Ley del Karso.  Entre los deberes que deben cumplir están la preparación de un estudio por parte del DRNA para identificar y delimitar aquellas áreas del karso que por su valor hidrológico, geológico y ecológico, deben ser conservadas, y en donde en consecuencia, no se permitiría la ubicación de canteras y proyectos urbanos nuevos tales como urbanizaciones y carreteras, entre otros, incluyendo el movimiento de terreno asociado a estas actividades. 

La JP, a su vez, tiene el deber de adoptar las recomendaciones del Estudio del Karso, particularmente aquellas relacionadas a decisiones sobre el uso del terreno para garantizar que las áreas identificadas por el DRNA sean protegidas.  A pesar de que el Estudio del Karso tenía que estar listo para agosto de 2001, según ordena la Ley del Karso, el mismo no se completó hasta septiembre de 2008, tras años de litigio por parte de CDK a esos efectos.  Cabe destacar que durante los pasados años, numerosas comunidades en el karso se han visto afectadas por caídas de rocas, deslizamientos de terrenos, colapsos de sumideros e inundaciones por el relleno de estos últimos, ya que esta región, por su inestabilidad geológica y pendientes pronunciadas, es en muchos lugares inapropiada para la construcción.

De acuerdo a declaraciones públicas hechas por el Gobernador Luis Fortuño y los directivos del DRNA y la JP, las enmiendas propuestas bajo el Proyecto de la Cámara de Representantes 2566 pretenden facilitar la extensión del Expreso PR-22 entre Hatillo y Aguadilla, así como la construcción de un gasoducto entre el sur y norte de la Isla.  La propuesta extensión de la PR-22, según información de la Autoridad de Carreteras y Transportación, afectaría por lo menos 25 vaquerías y el relleno de 50 sumideros en la región noroeste, entre otros impactos, mientras que sobre el gasoducto, el Gobierno no ha revelado su alineación o alguna otra información específica al respecto.  Al día de hoy, ninguno de estos proyectos ha sido evaluado o aprobado por una sola de las agencias reguladoras concernientes, por lo que su viabilidad, beneficio y legalidad se desconoce. 

Las enmiendas propuestas a la Ley del Karso, sin embargo, permitirían este tipo de proyecto en todos los terrenos del karso identificados por el DRNA con prioridad de conservación, y que comprenden cerca de un 35% del total del karso en el norte, sur y bolsillos aislados en el interior de la Isla, incluyendo reservas naturales y bosques estatales. 

La región del karso ha sido reconocida por agencias federales y estatales por su extraordinario valor natural y servicios ecológicos.  Sus acuíferos suplen cerca de una cuarta parte de las necesidades domésticas de agua potable en toda la Isla, y de la cual dependen los más de 120,000 empleos que generan la industria farmacéutica y lechera ubicadas en esta zona. 

                      

En cuanto a su valor ecológico, el karso tiene el mayor número de especies de árboles por unidad de área en todo Puerto Rico, siendo a su vez el hogar de sobre 220 especies de aves, de las cuales 110 son migratorias.  Alberga además 35 especies designadas como vulnerables o en peligro de extinción (10 aves, 1 reptil, 2 anfibios y 22 plantas), incluyendo algunas únicas de Puerto Rico.  Actualmente es el hogar de la mayor población de la cotorra puertorriqueña en estado silvestre, así como el único lugar en el mundo donde habitan otras especies en peligro de extinción como el coquí llanero, la mariposa arlequín y el sapo concho, entre otras.  Su potencial para el ecoturismo y el turismo de naturaleza, por lo tanto, es extraordinario.

Contactos:

Abel Vale Nieves, Presidente: (787) 384-4406

Pedro Saadé Llorens, Asesor legal: (787) 397-9993

Luis Jorge Rivera Herrera, Asesor científico: (787) 460-8315

Ciudadanos del Karso: http://www.cdk-pr.org/ 

 

 

 

Karso

Por Mayra Montero

¿Cuál es la prisa por desvencijar la zona del Karso? El proyecto que se está impulsando, Proyecto de la Cámara 2566, presentado por el sensato e inefable Waldemar Quiles, es un gatuperio vergonzoso, que destila hipocresía y en el que abundan los errores ortográficos y de sintaxis.

En dicha pieza legislativa se proponen una serie de enmiendas, dando a entender que la ley original, que data del 99, no protege como es debido al Karso y que ellos con el Proyecto nuevo sí lo protegerán. ¿Alguien sinceramente puede dar crédito a esa vulgar mentira?

 Cuando el proyecto ordena “añadir nuevas definiciones” o “aclarar las facultades del Secretario del Departamento de Recursos Naturales”, o, lo más peligroso de todo, “enmendar las disposiciones sobre la otorgación de permisos simples en la zona del carso”, a la gente con dos dedos de frente tiene que recorrerla un escalofrío.

Permisos simples, como todos sabemos, pueden llegar a ser, por ejemplo, unos maratónicos proyectos con campo de golf, 200 habitaciones de hotel y 100 unidades del tipo “timeshare”. Todo esto encima de una caverna prodigiosa o de un cuerpo de agua subterráneo y puro, de los poquitos que nos quedan.

Ya se sabe que hay negociantes que solicitan, y obtienen, uno de esos permisos simples, y luego talan y pavimentan bosques; drenan o rellenan humedales y sobreexplotan los acuíferos. ¿Quién los detiene cuando están metidos de lleno en su vorágine especuladora? Meten las puercas y a dios que reparta suerte.

Pero vamos a olvidarnos, por un momento, del valor inmenso de la zona del Karso: supongamos que enmiendan, aclaran y atemperan, todas esas palabrejas que utilizan en el mencionado proyecto para disfrazar la devastación más descarada. Y supongamos también que lo permiten todo: extensos desarrollos con “un enorme potencial recreativo y turístico”. Toda esa cursilería para encubrir un plan que poco a poco acabará con uno de los enclaves más necesarios del País y contaminará las aguas.

Yo pregunto una cosa: ¿no se supone que en Puerto Rico hay cientos de proyectos vacíos, que no han podido venderse, algunos paralizados en plena construcción, para que encima el Gobierno siga dándoles luz verde a otros proyectos en mitad del Karso? ¿No se supone que existe un inventario como de 20,000 viviendas que son caras, para las que los bancos no están prestando mucho ni poco? ¿Qué pasa, que los bancos prestarán entonces para los proyectos “simples” en la zona del Karso?

Eso se llama mala planificación. Los mismos constructores de hogares a los que el Gobierno pretende favorecer serán las principales víctimas de la construcción desordenada, avariciosa e irresponsable.

Bajo el proyecto de la Cámara, que no está aprobado aún, pero apuesten cualquier cosa a que se aprobará en cualquier momento, el Secretario de Recursos Naturales, que se supone que defienda con uñas y dientes el Karso y lo que no es el Karso, adquirirá todos los poderes del mundo para “evaluar y autorizar” lo que se le ponga al frente: carreteras y caminos; construcción de infraestructura para “el disfrute de áreas escénicas”; deforestación selectiva o total; creación de proyectos de ecoturismo. En principio todo estaría prohibido, por ejemplo, la remoción, caza o captura de la fauna silvestre, pero a todo ponen la coletilla: “sin la debida autorización del Secretario”. O sea, que si el Secretario autoriza, estamos fritos. ¿No hubiera sido mejor poner que queda prohibido expresamente y nadie lo puede autorizar?

No. Claro que no. Porque por el agujero negro de la autorización del Secretario se cuela todo. Si él lo autoriza, son otros veinte pesos y ya nadie comete una infracción. Y no sólo eso. Uno de los incisos más delirantes del proyecto es aquel que establece que se mandará a hacer un estudio en el que tomarán parte no sé cuántas divisiones, negociados y agencias. Pero a continuación se indica que el Secretario “tendrá discreción para verificar el estudio y enmendar el mismo, cuando el Departamento corrobore que un área ha sido incluida o excluida erróneamente”. Pues que no hagan el estudio, ¿para qué gastar en tanto papeleo si luego harán lo que les dé la gana? Pueden apostar, una vez más, que el Secretario nunca dirá que un área determinada ha sido excluida y debe incluirse para protegerla. Será al revés, cuando le pongan el estudio delante empezará a ponerle peros a las que se incluyeron y dejará zonas extensas al garete.

¿Se puede proteger así, a voluntad de un solo funcionario, que en realidad es la voluntad de un grupito de especuladores con colmillos babeantes, un área vital, llena de acantilados, ríos, manantiales, cascadas, vegetación maravillosa y fauna propia?

Por supuesto que no. Será un desastre. Porque Planificación también meterá sus sospechosas garras. Todos con la boca hecha agua a la vista de tantos mogotes de un exquisito tono chocolate.

 Fuente: El Nuevo Día

 http://www.elnuevodia.com/blog-karso-738274.html