Biodiversidad de Puerto Rico

Senado aprueba proyecto para proteger el CEN (noticel.com)

Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com

Corredor Ecológico del Noreste espera por legislación prometida por Lornna Soto y Larry Seilhamer

La lucha para conservar el Corredor Ecológico del Noreste ha sido ardua y extensa; todavía no termina. (Primera Hora / Archivo / Pipo Reyes)

Hay cosas que están mal, que son muy dolorosas, pero que no son irreversibles: el desempleo, las malas decisiones económicas, la honda decadencia política.  Tomemos por caso la situación en la Universidad de Puerto Rico. Pueden debilitarla, eliminar infinidad de cursos -cursos, algunos, creados originalmente en esa institución y copiados por otras universidades del mundo-; empobrecer su oferta y minar su prestigio. Pero eso se recupera. Con esfuerzo y con un cambio de actitud, o de Gobierno, o lo que sea, pero se recupera.

Lo que resulta sin embargo en un daño para toda la vida es el que se le inflige a la naturaleza. En esos casos no hay marcha atrás, lo que se arruina no se renovará más nunca. No hay recuperación posible después que se arrasa con un bosque, se anula un cuerpo de agua o se rellena un humedal, y el plano resultante se cubre de cemento. La palabra más hipócrita y recurrida en ese panorama es mitigación. Arrasan por aquí, pero siembran arbolitos allá. Es más, dos arbolitos por cada tronco derribado, en extrema generosidad. No obstante, la mayoría de las veces, los que valen y son insustituibles son los que caen. Y no hacen falta en otro lado, sino precisamente donde estaban.

Esa es la urgencia de defender ahora lo que por obra y gracia de la avaricia, y el toma y daca partidista, ha quedado desprotegido. Pero el problema es que hay tantos frentes abiertos, tantas preocupaciones por tantos temas, que es casi imposible que la gente pueda poner toda su atención y su energía en cuestiones esenciales como es el daño que va a causar el gasoducto, si es que se construye; o los zarpazos intermitentes que ha estado recibiendo la zona del Karso, más los que se aproximan.

El martes pasado, sin ir más lejos, se daba a conocer una carta, proveniente de una firma de consultores contratada por la Compañía de Turismo, donde se especificaban las zonas que debían de “liberarse” para construir hoteles y centros comerciales en terrenos del Corredor Ecológico del Noreste.

Nadie se tomó la molestia de ponerle una coma, un punto, una rayita a la voluntad de los dueños de esos proyectos. Tomando como base esa carta -opiniones que son órdenes, mi general- se procedió a desmantelar el perfil original del Corredor, tal como se concibió hace años. Entre la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales, siempre empeñado en ir contra natura, prepararon otro muñequito, un mapa que cayera como un guante a las pretensiones de los que nunca se resignaron a que el Corredor fuera un lugar protegido.

Por supuesto que era necesario oír -e incluir en el informe- la opinión de las empresas que ansían levantar hoteles, proyectos residenciales y campos de golf en terrenos ubicados en las faldas del Yunque y en parajes privilegiados que, en definitiva, no deberían tocarse. Pero el mismo derecho que tenían ellos a ser escuchados y exponer su opinión en ese documento lo tenían las comunidades aledañas, los prestigiosos científicos que han advertido del desastre que se está cocinando, y, por último, los miembros de la Coalición que ha estado luchando durante tanto tiempo por la integridad de la Reserva.

Nada de eso aparece en el informe. Apenas una mención medio desdeñosa respecto a que los grupos ambientalistas que en 2008 apoyaron la designación del Corredor Ecológico del Noreste como área protegida, se oponen a cualquier desarrollo turístico en la zona. Lo cual no es cierto. Se oponen al desparrame descabellado del resort, del innecesario centro comercial, del tráfico de urbanización y de las carreteras que causarían un grave disloque ecológico.

En ocasiones, la misma gente que viaja a zonas selváticas de Centro o Sur América (Costa Rica, Panamá, Brasil), y regresa maravillada de los proyectos turísticos integrados a la naturaleza, mimetizados con su entorno, que además gozan de una enorme acogida, son los que luego no conciben para Puerto Rico otra cosa que no sea la devastación, la planicie reverberante de cemento, con palmeritas, campos de golf y achicharramiento general.

La realidad es que tampoco hay que renunciar por completo a ese concepto. Pero encapricharse en hacerlo en los terrenos del Corredor, que es como el último bastión de la naturaleza agreste en Puerto Rico, es un verdadero crimen.

Por otro lado, ¿vale la pena desproteger una zona previamente protegida, para abrirla no sólo a esos vanidosos proyectos, sino a otro tipo de especulación pequeña pero igual de insidiosa? Una vez se liberen esos parchos horribles que aparecen en el nuevo mapa diseñado a gusto de los proponentes, ¿quién nos garantiza que no se colarán otros inventos, una pequeña avalancha de inescrupulosos metiendo el codo para poder levantar su proyectito aquí o allá?

Tan pronto aplasten, desmonten, extirpen y pavimenten, no habrá remedio. Ni recuperación. Ni volverá jamás a ser lo que era.

¿Quién que quiere algo en la vida quiere eso para su País?

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Conflictos de intereses, interpretaciones falsas y manipulación de conceptos, es lo que el gobierno de Luis Fortuño pretende ofrecer con su anunciado Plan de Usos de Terrenos de Área de Planificación Especial y Designación de la Gran Reserva Natural del Noreste (PUTAPED-GRNN). Así se desprende de las denuncias y el análisis que ofrece la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CPCEN).

Consultor de desarrollistas beneficiados
En entrevista exclusiva con CLARIDAD, el planificador y científico ambiental, Luis Jorge Rivera Herrera denunció que el actual secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán Kercadó, fue consultor de varios de los proyectos propuestos en el Corredor y áreas adyacentes para los desarrollistas Ramón Zalduondo y Cleofé Rubí. Se refiere a los proyectos Dos Mares Resort (DMR) y Pitahaya. La relación se hace más estrecha ya que en el caso del proyecto Dos Mares, uno de los abogados de los proyectistas, Fernando Molini, trabajó en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de Pitahaya donde Galán Kercadó fue consultor.

Precisó que Galán Kercadó sirvió de consultor para el proyecto residencial-turístico Pitahaya, el cual se propone para el área contemplada por el nuevo plan del CEN y terrenos adyacentes, y que no es permitido bajo los usos del suelo establecidos por la Junta de Planificación (JP). Otros proyectos en los que Galán Kercadó trabajó antes de ser Secretario del DRNA fueron La Sabana en Vega Baja, Brisas del Lago en Toa Alta, Doncella del Mar y Torres de Cibeles, de la corporación Mora Development, perteneciente al ingeniero Cleofe Rubí González, hermano de uno de los socios principales del Dos Mares Resort, el ingeniero Luis Alberto Rubí.

“Nos preocupa enormemente la relación que el hoy secretario Galán tuvo con los proponentes de proyectos en el Corredor o terrenos aledaños, y cómo ésta pudo haber privilegiado a estos empresarios con reuniones u otras gestiones gubernamentales, de manera que el plan propuesto para el CEN fuese diseñado para acoger estos proyectos. Sobre todo, cuando el Gobierno ni invitó ni contó con la participación de una sola de las organizaciones y grupos comunitarios que hemos promovido la conservación y desarrollo eco turístico del Corredor por más de una década,” denunció Rivera Herrera, quien es miembro de las organizaciones Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS), y de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste.

Fragmentado el Corredor
De acuerdo al análisis de la CPCEN, contrario a lo que han presentado la presidenta de la JP, licenciada Leslie J. Hernández Crespo y Galán Kercadó, de que la nueva propuesta del gobierno aumenta a 9, 932 cuerdas los terrenos del Corredor, el nuevo plan elimina de forma permanente más de 450 cuerdas que habían sido designadas ya como reserva natural en el 2008. Los terrenos coinciden con las áreas donde se han propuesto los proyectos residenciales turísticos DMR, San Miguel Resort (SMR), Seven Seas Resort (SSR), el proyecto de apartamentos Paradise Found Villas (PFV) y el centro comercial Playa Azul, entre otros. Estos proyectos estarían en los sectores conocidos tradicionalmente como finca Las Paulinas y La Selva. Según se ve en el mapa del Plan presentado por la misma JP, Rivera Herrera demostró que estos sectores están dentro de los terrenos del Corredor y son los más cercanos a la costa.

“Lo que es preocupante de la nueva propuesta gubernamental es que ya no se limita a los terrenos del Corredor sino también a la cuenca de los terrenos que están entre el Corredor y el Yunque. Siguiendo la línea de lo que pretenden hacer con el Corredor, el fin de este plan es aprobar de facto proyectos que han estado propuestos para esta zona por muchísimos años y que las leyes y los reglamentos no lo permiten”, denunció enfático. Entre los proyectos está uno conocido como Costa Verde, bajo el concepto de residencial comercial, de más de 400 unidades residenciales unifamiliares, 252 unidades de walk-up y un centro comercial de 99 mil pies, en un área de 177.5 cuerdas.

Otros aspectos del plan que calificó como de “algo extraño”, es que se excluyen de la designación de reserva parcelas que están dentro del Corredor y se clasifican como conservación de recurso. Explicó que con la clasificación de los terrenos como un distrito de conservación de recurso, el nuevo plan indica que se puede permitir el desarrollo de facilidades recreativas y otras actividades siempre y cuando se respete el entorno y las condiciones naturales del lugar. Esta clasificación facilita la posibilidad de que se puedan desarrollar campos de golf, lo que sería una facilidad privatizada. “Ahí es que entonces encaja que no se clasifique como reserva natural ya que alguna otra actividad es más difícil de justificar y Dos Mares ha dicho que necesita un campo de golf”. Es notable en el mapa de la JP que el espacio designado con esta clasificación queda relativamente cerca de los terrenos ya excluidos de la reserva.

En el plan presentado por las agencias se identifica una zona vial, la cual la Coalición sospecha que puede ser un área de estacionamiento. Se desprende del mapa que el espacio señalado es mucho más amplio que lo que sería un tramo para dar acceso al hotel, residencias o acceso a la playa. “Partiendo de la premisa que sea para garantizar el acceso público, eso por otro lado derrota una de las propuestas de la Coalición de muchos años que es la de fomentar que los visitantes al Corredor aporten a la economía de los cascos urbanos. La Coalición siempre ha planteado que hasta el centro de orientación para el Corredor se establezca en el casco urbano de Luquillo o Fajardo, que se salga en trolly hacia la reserva. Por otro lado eso evita ese tipo de impacto de tomar un espacio para estacionamiento”.

El portavoz de la CPCEN insistió en que el plan presentado por la JP y el DRNA se aparta muchísimo de lo que siempre ha abogado la Coalición. Rivera Herrera recordó que la Coalición endosó el plan que la anterior administración llevó a vista pública, el cual adoptó sus recomendaciones de establecer el corredor, además de adoptar el concepto de ecoturismo y el ecoturismo de naturaleza. “La actual propuesta incluye unidades residenciales, es un subterfugio lo que proponen porque dicen villas turísticas y lo enmarcan en eco turismo, no unidad residencial, aun cuando el dueño sea un individuo”.

Hay que traer a la atención en este análisis que los terrenos del Corredor fueron declarados como reserva natural por orden ejecutiva en el 2008 bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá. Ese mismo año la Junta de Calidad Ambiental (JCA) aprobó un documento de plan integral, el cual se encontraba en espera de su aprobación por la JP cuando ocurrió el cambio de gobierno. Una vez gobernador Luis Fortuño, en octubre de 2009 firmó una orden que eliminaba la designación y proponía una reclasificación como Área de Planificación especial (APE) y el desarrollo de un nuevo plan de uso de terrenos. Antes de todo esto, desde el 1977 el sector había sido declarado como Área de Importancia Natural por la JP. La acción de Fortuño lo convirtió en el primer gobernador que eliminó la designación de una reserva natural en su totalidad.

Manipulación de conceptos
La Coalición denunció además la manipulación que hace el gobierno al identificar parcelas para proyectos de “turismo sostenible”. “No proponen el desarrollo de proyectos eco turísticos en las parcelas señaladas, lo llaman turismo sostenible, que son otros 20 pesos. Turismo sostenible puede ser algo tan sencillo como que al Caribe Hilton hace unos meses le dieron una certificación de turismo sostenible porque adoptó diferentes medidas para ahorrar agua y luz, pero la operación sigue siendo la de un hotel convencional. Hay que tener cuidado en cómo está definiendo la administración de Fortuño los conceptos, ejemplo la vía verde para el gasoducto. Pero ‘vía verde’ es una tubería con gas. Con el corredor la están llamando la ‘gran reserva del noreste’ y están designando todo como una reserva natural, en lo que ellos están designando como una reserva natural hay comunidades, le están llamando reserva a todo lo que hay para dar la impresión de que la están extendiendo”. Aclaró que la definición de una reserva natural es la de un espacio en su estado natural, enfocado en la apreciación de los recursos naturales, pero no que haya asentamientos urbanos residenciales, centros comerciales o gasolineras.

En tanto, el concepto de ‘eco turismo’ tiene tres criterios. Uno es una actividad basada en la apreciación del área en su estado natural; dos, gran parte de lo que se genera tiene que ser reinvertido para mantener en su estado natural el área, y tercero -el más difícil- es la integración de las comunidades cercanas en el manejo del recurso y que sean los principales beneficiarios de la actividad económica, no es que sean los empleados sino los empresarios. El turismo sostenible es una categoría amplia dentro de lo cual está eco turismo, no es que esté basada en la apreciación de la naturaleza, es un término económico. El turismo de naturaleza es una actividad que no tiene que estar integrada a la comunidad, un ejemplo es el Yunque, donde el objetivo es apreciar la naturaleza.

De igual manera, el entrevistado desmintió la alegación que dice el gobierno de que se está triplicando el área de la reserva en comparación con lo que se había designado anteriormente. De acuerdo al científico, la JP y el DRNA están incluyendo dentro de la cifra que ofrecen (9,932 cuerdas) áreas que ya son reserva natural como son las Cabezas de San Juan y la reserva de Seven Seas, ésta última son cerca de 100 cuerdas, ambos sectores en el pueblo de Fajardo, las cuales antes no estaban designadas como parte del Corredor.

La JP y el DRNA también están clasificando como parte de la reserva los terrenos que quedan al sur de la carretera número 3. En principio Rivera Herrera aceptó que la designación era buena, pero aclaró que la mayor parte de estos terrenos son inundables, condición por la que no se han podido desarrolla. En términos de protección legal, esa designación no es tan significativa ya que por ser inundables y humedales su desarrollo está impedido.

Otra clasificación cuya utilidad puso en duda es la designación de una reserva marina. “Conceptualmente uno podría decir ‘bueno, pero aquí no hay ningún riesgo de desarrollo’ y hay que preguntarse si todo esto al final es una propuesta de papel ya que ante la situación en que se encuentra en estos momentos Recursos Naturales, que ha perdido gran parte de su empleomanía por la ley 7 y el retiro temprano, el Departamento no cuenta con los recursos para trabajar con las reservas naturales que tiene, para qué le vas a añadir”.

Se espera que este sábado 5 de febrero a partir de las 10:00 de la mañana en el Centro de Usos Múltiples del Municipio de Fajardo, el DRNA y la JP lleven a cabo una vista pública para presentar el nuevo plan de uso de terrenos para el Corredor y el reglamento especial. Luego de la presentación de las agencias, se abrirán turnos al público para comentarios, pero no se podrán hacer cuestionamientos a las agencias.

La Coalición exhortó a los ciudadanos a acudir a la vista y exigir que se reinstale la reserva natural del Corredor del Noreste como se concibió en el 2008.

San Juan – Miembros del Sierra Club y de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) denunciaron hoy que el nuevo plan y reglamento de usos de terrenos para esta área adopta dos proyectos de desarrollo que dejarían sin protección cerca de 500 cuerdas que eran parte de la reserva natural en 2008.

En un informe preparado por consultores de la Compañía de Turismo se evidencia que personal de la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, encargados de preparar el plan, sostuvieron reuniones con proyectistas de Dos Mares Resort y San Miguel Resort previo a que delimitaran qué terrenos debían permanecer como parte de la reserva natural.

Esto, en violación a la orden ejecutiva firmada por el gobernador Luis Fortuño, con la que se le ordenaba al DRNA a tener lista la delimitación de los terrenos antes del 30 de marzo del año pasado.

“Lo que se demuesta es que tanto la ubicación como los proyectos como tal propuestos por estos proyectistas fueron acogidos y adoptados en el plan que ahora propone el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Planificación para el área del Corredor”, señaló el científico ambiental Luis Jorge Rivera Herrera.

“El proceso dirigido a la preparación del plan ha estado viciado con el fin de beneficiar y viabilizar eventualmente la construcción de esos proyectos”, sentenció.

Según el informe, los proyectistas interesan construir al menos 220 habitaciones de hotel, 240 unidades residenciales y un campo de golf de nueve hoyos en terrenos públicos y privados del CEN. Se señala, además, que los proyectistas de Dos Mares Resort desean ubicar su hotel en terrenos públicos del CEN.

La coordinadora del Sierra Club, Camilla Feibelman, consideró que la construcción de esta cantidad de unidades destruiría la integridad ecológica del Corredor y derrotaría el potencial de desarrollo económico basado en el ecoturismo y turismo de naturaleza de toda esta zona.

Dijo, además, que en el informe indican que la Coalición está opuesta al desarrollo turístico del Corredor, “lo que es completamente falso, ya que endosamos hasta el establecimiento de ecohospederías para el área.

Se supone que el nuevo plan se vea en vistas públicas el 5 de febrero en el Centro de Usos Múltiples de Fajardo. Sin embargo, los ambientalistas denunciaron que a los ciudadanos no se les han dado copias del plan en los lugares y fechas anunciadas, lo que les impide preparse para deponer.

De esta forma, la vista debería ser suspendida hasta tanto se cumpla con la reglamentación para que pueda llevarse a cabo, lo que sería una tercera suspensión por la misma razón.

El Corredor Ecológico del Noreste (CEN) había sido denominado como reserva natural durante la pasada administración, designación que fue eliminada por el actual Gobierno, que alega que no se habían seguido los pasos correspondientes.

El hermetismo y el incumplimiento con las fechas límites fijadas en la orden ejecutiva que derogó su designación como reserva rodean el proceso en curso para definir los nuevos límites del Corredor Ecológico del Noreste (CEN).

El 30 de octubre del año pasado el gobernador Luis Fortuño emitió una orden ejecutiva que dejó sin efecto una anterior de Aníbal Acevedo Vilá, que designó el CEN reserva. Fortuño ordenó a la Junta de Planificación (JP) que reconozca las 3,057 cuerdas de terreno a lo largo del litoral costero de Fajardo y Luquillo -que conforman el CEN- como un Área de Planificación Especial que, de paso, incluirá una reserva. Este tipo de zonificación es apta para un lugar cuyas características lo hacen sensible en términos ambientales y, por lo tanto, se establecen unos usos bien específicos, explicó la planificadora ambiental, Marian González.

En ese esfuerzo también participa el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que para diciembre pasado debió haber identificado los terrenos que formarán la nueva reserva. Mientras que la JP debió en enero terminar la revisión del Plan Integral de Uso de Terrenos y Manejo del CEN, que previo a la orden ejecutiva de Fortuño esperaba por la aprobación de la agencia.

El secretario del DRNA, Daniel Galán no contestó llamadas de este diario. Y, el presidente de la JP, Héctor Morales, no proveyó información sobre el status de los dos procesos. Se limitó a decir que aún trabajan en establecer las nuevas delimitaciones de la reserva “que va a ser más amplia de lo que era inicialmente”. Sólo aludió al 31 de marzo, fecha que la orden ejecutiva establece para que las agencias tengan listo el Plan de Usos y Reglamento de Calificación. “Llevamos par de semanas con trabajo interrumpido por la demanda”, dijo.

Se refiere al pleito legal -repautado para el 9 de marzo- incoado por defensores de la reserva que piden la restitución de la orden ejecutiva de Acevedo Vilá por entender que en su derogación se obviaron leyes ambientales y la política pública vigente.

Previo a la designación del CEN como reserva, un estudio determinó, entre otras cosas, que el lugar alberga 866 especies de flora y fauna, de las cuales 54 son especies raras, endémicas, vulnerables o en peligro de extinción. Además, el plan integral sólo permitía en los terrenos del CEN desarrollo de bajo impacto (eco-hospederías, áreas de acampar y veredas interpretativas) y para beneficio económico del corredor.

La administración actual aduce que Acevedo Vilá no podía convertir los terrenos del CEN en reserva por orden ejecutiva y que el plan integral que se creó tiene “ciertas deficiencias” que deben ser subsanadas.

“Siempre he cualificado ese desarrollo que mantenga y garantice la preservación de los recursos naturales a su alrededor”, dijo Morales sobre el tipo de desarrollo que se permitirá en los terrenos del CEN.

Rechazó que la JP considere los proyectos de Dos Mares Resort y San Miguel Four Seasons -propuestos para el área durante años- o la construcción de una autopista en esos terrenos. “Sólo tenemos dos proyectos: un centro comercial y proyecto de vivienda de 40 unidades, que están en archivo hasta tanto se termine de preparar el plan y una vez se termine y sea aprobado el plan de uso de terrenos serán evaluadas a la luz de esa reglamentación”, dijo.

La región noreste es líder en la cantidad de viviendas que se destinan para uso vacacional, con más de 5,000 unidades vacantes, lo que representa el 16% de todo Puerto Rico, según el Censo del 2000.

Y esa zona, entre Canóvanas y Ceiba -a lo largo de la carretera 3- cuenta con siete centro comerciales con más de un millón de pies cuadrados en estructura, indicó el geógrafo económico Carlos Guilbe, quien trabaja el libro “Plaza Puerto Rico Shopping Center” acerca de la historia de los centros comerciales de Puerto Rico. “Todos esos umbrales están unos sobre el otro, cubriéndose más de un 50% en lo que es el área de mercado. Un Walmart, por ejemplo, cubre más de 50 millas y hay uno en Fajardo”, dijo el profesor.

Los vecinos cercanos al CEN así como miembros de la comunidad científica del país y de organizaciones sin fines de lucro como Sierra Club -agrupados bajo la Coalición Pro CEN- temen que la nueva delimitación fragmente los terrenos y provoque la pérdida de un lugar de alto valor ecológico y ambiental que describen como irremplazable. “El CEN tiene una densidad de valores naturales que en ciertos aspectos es diez veces El Yunque. Por ejemplo, el corredor tiene el mismo número de especies de aves que El Yunque, pero diez veces menos área, o sea, que tiene diez veces la concentración”, dijo el director el Instituto de Dasonomía Tropical del Gobierno federal, Ariel Lugo.

Pero el impacto ambiental es sólo una de las preocupaciones de los opositores que temen que se trastoque la vida diaria de familias cercanas al corredor, según Esther Teresa Meléndez, residente en la comunidad Puerto Real. “Yo recibo en mi factura del agua un ‘crédito por servicio ineficiente’ porque en la zona este a veces hemos estado sin agua hasta por 21 días. ¿Qué pasaría si construyen más en esa zona? Se agravaría nuestro problema”, dijo.

El plan integral sobre el CEN, que no se aprobó, indica que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados mantiene mejoras en el área operativa de Fajardo, que suple al noreste y que tiene nueve plantas de filtración, de las cuales sólo cuatro presentan una capacidad de más de un millón de galones diarios, lo que es insuficiente. También estipula que sobre 1,300 familias en Luquillo, Fajardo, y Río Grande- han sufrido la falta de agua de forma crónica por la pasada década.

Ante ese panorama, la Coalición Pro CEN, además de la demanda, cifra sus esperanzas en el representante novoprogresista Carlos “Johnny” Méndez. Él advirtió que si se proponen desarrollos en gran escala en los terrenos del CEN, revivirá un proyecto para convertir los terrenos en reserva mediante ley. Y si esto no da frutos, el legislador tiene otra propuesta debajo de la manga: “extender la reserva de Las Cabezas de San Juan de Fajardo hasta todos los terrenos que comprendía el Corredor Ecológico del Noreste”.

“Esta lucha continuará para defender el CEN como una reserva en su totalidad… este gobierno que nos quiere eliminar nuestros recursos naturales. No podemos seguir permitiendo que se nos construyan más edificios”, advirtió don Ángel Berríos, uno de los residentes de la comunidad Juan Martín de Luquillo, miembro de la Coalición.

Entretanto, y según lo que ocurra en el pleito judicial, los opositores tendrán que esperar a las vistas públicas que deberán convocarse para presentar el nuevo plan. A la pregunta de cuándo serán, el presidente de la JP mantuvo la parquedad: “cuando esté listo (el Plan de Usos y Reglamento de Calificación Especial del CEN). Estamos planificándolas”.

“Contrario al debido proceso, el gobernador de entonces Aníbal Acevedo Vilá, estableció mediante orden ejecutiva en octubre de 2007 la designación del Corredor Ecológico del Este como reserva natural sin que las agencias con peritaje pudiesen realizar el análisis necesario para justificar dicha determinación”, dijo Morales Vargas.

Continuó con un recuento cronológico que incluyó la aprobación por parte de la JP de una resolución delimitando el área del corredor, esto en febrero de 2008 y “sin antes solicitarle al DRNA un Plan Integral de Manejo”. Según Morales Vargas el plan fue presentado en diciembre de ese año. “Es claro que se invirtió el proceso”, señaló.

Para remediar esta situación, la nueva orden ejecutiva de Fortuño requiere que la JP designe la zona comprendida por 3,200 cuerdas de terreno como “Área de Planificación Especial del Corredor Ecológico del Noreste (APECEN), en la que se delimitará la Reserva Natural según las recomendaciones del DRNA”.

Ello supone que el DRNA deberá revaluar el Plan Integral de Manejo y Uso de Terrenos y hacer nuevas recomendaciones a la JP, y que para marzo de 2010 tenga aprobado un nuevo plan, así como el Reglamento de Calificación Especial para el APECEN.

El secretario del DRNA, Daniel Galán Kercadó, aseguró que con esta acción se van a conservar más terrenos de alto valor ecológico, pero de la forma correcta, “con la participación ciudadana correcta” y con una inversión menor. “El departamento va a evaluar de todos esos terrenos cuáles son de alto valor, cuáles deben ser reserva, y entonces la agencia que tiene el ‘expertise’ en lo que es planificación, la Junta, determinara el resto”, distinguió el funcionario.

Destacó que la nueva orden ejecutiva provee herramientas adicionales como las servidumbres de conservación, acuerdos de manejo, permutas y otros medios legales para conservar terrenos con menos dinero o sin tener que adquirirlos. “Más del 50% de los terrenos son terrenos públicos, ¿por qué entonces tener que adquirirlos si tenemos otros métodos y herramientas para conservarlos de igual manera?”, dijo.

Durante la conferencia de prensa se firmó un acuerdo con The Trust for Public Land (TPL), una organización sin fines de lucro con sede en Florida y dedicada a la conservación de tierras para el disfrute de la gente, que ya había intervenido en la recuperación de terrenos en la zona del corredor (260 cuerdas en 2007 y 148 en 2008) para que continúe adquiriendo terrenos que pasarán a manos del Gobierno de Puerto Rico por un costo menor al de tasación y compra. El acuerdo es para adquirir 120 cuerdas adicionales en el área occidental de la reserva.

Mildred Ramos Majoros, gerente de proyectos de TPL, informó que los terrenos adquiridos, en parte con fondos federales, tendrán usos restringidos a perpetuidad, para garantizar su conservación, y en caso de que se utilicen para otros fines habría que resarcir con millones de dólares al Gobierno Federal.

Emplazan a Planificación

Anticipando el anuncio hecho en la tarde por el Gobierno, la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste radicó temprano en la mañana de ayer en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una demanda contra Morales Vargas y la JP solicitando que se “ordene a los demandados aprobar sin dilación el Plan Integral de Usos de Terrenos y Manejo de la Reserva Natural Corredor Ecológico del Noreste”. La demanda fue radicada por Iniciativa para un Desarrollo Sustentable, Sierra Club, Proyecto Coquí y otros siete individuos.

Mientras se llevaba a cabo la conferencia de prensa un emplazador se presentó a la Torre Norte del Centro Gubernamental Minillas, donde ubica la sede de la JP, para entregar el emplazamiento a los demandados.

“Este Plan, el cual establece las guías para garantizar la conservación y el desarrollo ecoturístico de la Reserva Natural, fue endosado por agencias federales, estatales, organizaciones conservacionistas locales e internacionales y grupos comunitarios en vistas públicas hace más de un año, pero la JP ha rehusado adoptarlo hasta el momento”, había declarado horas antes la Coalición mediante comunicado.

Apostados a la entrada de la Torre Norte en espera de que culminara la conferencia de prensa, líderes de la organización Sierra Club, de la Coalición Playas para Todos, de la comunidad Juan Martín en Luquillo (colindante con el Corredor Ecológico del Noreste), la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Fajardo Pueblo y de la Organización Arboretum de Cupey, entre otras, manifestaban su malestar.

“No queremos proyectos ‘Such is life’. Este Gobernador parece que no quiere respaldar a los trabajadores, a los de la clase media que trabajamos para mantenerlo a él allá arriba. Él lo que quiere es defender y beneficiar a los de él, a un grupito de los grandes adinerados. No sé que es lo que está pasando con este Gobierno”, expresó Ángel Berríos, de la comunidad Juan Martín, en Luquillo.

Mientras, el presidente de Sierra Club Puerto Rico, Ángel Sosa, desmintió a Morales Vargas por decir que el análisis que dio paso a la nueva orden ejecutiva fue pedido por ellos y adelantó que asistirán a una reunión que anunció el secretario del DRNA para el próximo martes a la 1:00 p.m. en la sede del departamento.

Una década de lucha a favor del Corredor

(Publicado por El Nuevo Día el 31 de octubre de 2009)

Intenso ha sido el debate por el futuro de esas 3,240 cuerdas

El secretario de Recursos Naturales, Daniel J. Galán, firma un acuerdo con The Trust for Public Land (TPL) para que siga adquiriendo terrenos.

Hace cuatro años se organizaron en la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste, organización que, entre otras cosas, persigue la designación del área como reserva natural.

El grupo no estaba muy convencido con el Plan Conceptual de Desarrollo Turístico de la Costa Nordeste de Puerto Rico, que preparó el gobernador Luis Fortuño en 1996, cuando entonces era jefe de la Compañía de Turismo. La senadora Norma Burgos dirigía la Junta de Planificación (JP).

También en 2005 la Coalición logró que la Cámara de Representantes aprobara (38-10) un proyecto que designaba al Corredor Ecológico del Noreste (CEN) como reserva natural.

Esa medida la firmaron legisladores de los tres partidos: Johnny Méndez, Luis Rivera Guerra, Carlos Vizcarrondo y Víctor García San Inocencio.

Pero el cantar fue otro en el Senado. Allí la medida se consideró en el verano de 2007. Aunque parecía contar con el favor de todos los senadores, los novoprogresistas Kenneth McClintock, Jorge de Castro Font y Carlos Díaz dejaron claras sus reservas.

El proyecto del CEN se atendió en el último día de la sesión ordinaria de junio de ese año, pero se quedó en el aire luego que De Castro Font solicitó un receso a las 10:00 p.m., que se extendió hasta la medianoche.

A raíz de ese hecho, el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá firmó una orden ejecutiva exigiéndole a la JP que considerara la designación del CEN como reserva natural.

En febrero de 2008, la JP designó el CEN como reserva natural y en abril de ese mismo año, Acevedo Vilá firmó la orden ejecutiva que fue derogada ayer. No obstante, ya se había preparado el Plan Integral de Uso de Terreno y Manejo del CEN. Asimismo, la Junta de Calidad Ambiental había aprobado la Declaración de Impacto Ambiental Estratégica del Plan.

Durante la pesquisa del ahora convicto ex senador De Castro Font, trascendió que tanto él como McClintock y Díaz pudieron recibir beneficios indebidos por su oposición al CEN.

Careo por el Corredor del Noreste

Qué dice el Gobierno

•La designación del área como Reserva Natural se hizo sin un análisis científico y ponderado por parte del Departamento de Recursos Naturales (DRNA).

• La Junta de Planificación aprobó una resolución delimitando el área sin celebrar vistas públicas y sin solicitar al DRNA un Plan Integral de Manejo.

• El gobernador Aníbal Acevedo Vilá designó la zona como reserva natural sin que las agencias con peritaje hicieran el análisis necesario que lo justificara.

• Se ordenaba al DRNA que adquiriera los terrenos sin proveerle los fondos. (Sólo se han adquirido al día de hoy 408 cuerdas).

• No se consideró el impacto a las zonas de interés turístico de Río Grande, Luquillo y Fajardo.

Qué dicen las comunidades

• Que el plan para garantizar la conservación y el desarrollo de la Reserva Natural fue endosado por agencias federales, estatales, organizaciones conservacionistas locales e internacionales y grupos comunitarios en vistas públicas hace más de un año, pero que Planificación se ha rehusado a adoptarlo.

• Que el esfuerzo que llevó a designar la zona como Reserva Natural contó con el apoyo tripartita de la mayoría de los miembros de la Legislatura el pasado cuatrienio.

• Que el Gobierno evidencia su agenda clasista contra de la autogestión comunitaria.

• Que la acción viabiliza la construcción de proyectos residenciales turísticos, como Dos Mares Resort y San Miguel Resort, los cuales fueron rechazados en el pasado por la Junta de Calidad Ambiental y el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Le quitan título de reserva al CEN

(Publicado por Primera Hora el 31 de octubre de 2009)

Reinicia polémica por el Corredor Ecológico del Noreste.

Miembros de la Coalición Pro Corredor Ecológico protestaron por la derogación de la resolución que designaba al CEN como reserva natural y aseguran que el Gobierno desarrollará proyectos en el área. (Primera Hora / David Villafañe)

Por Libni Sanjurjo Meléndez / Primera Hora

Miembros de la Coalición Pro Corredor Ecológico protestaron por la derogación de la resolución que designaba al CEN como reserva natural y aseguran que el Gobierno desarrollará proyectos en el área.

La Junta de Planificación (JP) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) anunciaron ayer la derogacióReinicia polémica por el Corredor Ecológico del Noreste.n de la resolución que designó al CEN como reserva natural para convertirla, por medio de orden ejecutiva del gobernador Luis Fortuño, en área de planificación especial, y devuelve al DRNA el Plan Integral de Usos de Terrenos y Manejo del CEN, un documento que estaba ante la consideración de la JP y por el cual organizaciones ambientalistas llevaban tiempo esperando.

Ayer, precisamente, la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan -que se anticipó se enmendaría ante los nuevos acontecimientos- para que el foro judicial ordene a la JP aprobar el plan que establece las guías para garantizar la conservación y el desarrollo ecoturístico de la reserva natural. Fue en octubre de 2007 cuando el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá estableció mediante orden ejecutiva la designación del CEN como reserva natural, luego (febrero 2008) la JP aprobó una resolución que delimitó la reserva natural: 3,000 cuerdas de terreno que comprenden el CEN entre Luquillo y Fajardo.

La decisión de ambas agencias está basada en “incongruencias y por no seguir el debido proceso de ley”, según expresiones del presidente de la JP, Héctor Morales, y el secretario del DRNA, Daniel Galán. Eventualmente ocurrirá la designación como reserva. “La OE anterior obligaba al DRNA a adquirir los terrenos sin proveer los fondos y obviando otras herramientas de protección. Al día de hoy, sólo se han adquirido 408 cuerdas”, dijo Morales. De hecho, el DRNA y la organización sin fines de lucro Trust for Public Land firmaron ayer una carta de intención para que continúen adquiriendo unas 120 y otras 52 cuerdas de terreno y servidumbres de conservación, que incluyen humedales y quebradas, algo ya protegido, pero según el Secretario, bajo titularidad privada. Sobre el cambio de reserva a área, dijo que “lo que es de importancia ecológica […] se va a proteger”. Al preguntársele al Secretario si con el cambio va el proyecto turístico San Miguel Four en el CEN, que se dice destruiría la integridad ecológica del lugar, dijo que “lo que es reserva es reserva. Las otras áreas que podrían estar disponibles, la JP tendría que hacer una evaluación”.Según el ambientalista Luis Rivera, el área del CEN es de planificación especial desde el 1996. Asimismo, Ángel Sosa, de Sierra Club, argumentó que sí hubo un debido proceso de ley.Mientras, para Camilla Feibelman, de la Coalición, el cambio “va a permitir la construcción del proyecto San Miguel y el Dos Mares Marriott”.

Halt to Puerto Rico’s Northeastern Nature Preserve

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(Publicado por el New York Times el 1 de noviembre de 2009)

By THE ASSOCIATED PRESS

SAN JUAN, P.R. (AP) — Puerto Rico’s governor on Friday canceled the designation of part of the island’s northeastern coastline as a nature reserve, opening the door to large-scale development along a white-sand beach where proposals for hotel resorts have sparked bitter protests.

The order signed by the governor, Luis G. Fortuño, directs environmental authorities to evaluate 3,240 acres of public and private land and identify the most ecologically sensitive areas. Those sections would be preserved, while others could be opened to developers.

Currently, only small, eco-friendly projects are allowed in the reserve.

“There should not be any doubt that a nature reserve will be established here,” the planning board president, Hector Morales, said at a news conference.

Conservation groups have fought to keep hotel projects out of the Northeast Ecological Corridor, which includes a beach fringed with tropical forest used by endangered leatherback sea turtles as a nesting area. Proposals for resorts rallied opposition from celebrities including the actor Benicio Del Toro and Robert F. Kennedy Jr., an environmental lawyer.

Mr. Fortuño’s predecessor, Gov. Aníbal Acevedo Vilá, ordered the preservation of the corridor in 2007, and his administration had begun seeking financing to buy private parcels from their owners.

But Mr. Fortuño faced pressure from officials, including the mayor of Luquillo, José González Ortiz, to open the region to development that would create jobs.

«Mienten» sobre el Corredor Ecológico del Noreste

(Publicado por Primera Hora el 2 de noviembre de 2009)

El Corredor Ecológico del Noreste fue declarado reserva natural por la pasada administración y ahora se derogó esa ley alegando que no se siguieron todos los pasos correspondientes. Arriba, una árbol de mangle rojo. ( Primera Hora / Archivo / Pipo Reyes)

Por Sara M. Justicia Doll / Primera Hora

Poco a poco saldrá la verdad.

El planificador Luis Jorge Rivera Herrera, portavoz de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste, y el ex secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Javier Vélez Arocho, advirtieron ayer al presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales, que para la designación del Corredor Ecológico del Noreste (CEN) como reserva natural se siguieron todos los pasos, que no ha habido incongruencias ni pasos invertidos como éste sugirió el viernes pasado.

Ese día se dejó sin efecto la orden ejecutiva del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que declaraba reserva natural las 3,000 cuerdas que comprenden el CEN.

“Luego de la designación de la reserva se hicieron las vistas públicas requeridas para el plan de uso de los terrenos y su manejo. ¿Cuándo para que un gobernador firme una orden ejecutiva, en este caso la que designó el CEN como reserva, se han hecho vistas públicas? Todas las órdenes ejecutivas como la de las Alianzas Público- Privadas y la reorganización del Gobierno se han hecho sin vistas públicas, que es lo que dice Morales se debió haber hecho para el CEN. En todo caso, entonces las órdenes ejecutivas firmadas por (Luis) Fortuño serían ilegales. Esto ha sido mentira tras mentira”, sentenció Rivera Herrera.

El CEN logró en poco tiempo tener un plan de manejo detallado, documento del que todavía carecen decenas de reservas naturales en el país.

“Es absurdo tener un plan de manejo previo a una designación de reserva natural, como dice Morales, ya que no se sabrá la delimitación final de esa zona”, advirtió Rivera Herrera.

Mientras tanto, Vélez Arocho dijo que en el expediente de la reserva hay “prueba documental de que de principio a fin se siguieron los pasos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Así lo vamos a demostrar al Gobierno. Se siguieron los procesos establecidos por el Estado Libre Asociado”.

Según estableció la Junta de Planificación la semana pasada, no existió ningún análisis científico para determinar el valor del área que comprende el CEN.

Sin embargo, documentos traídos ante la atención de este diario demuestran que ese análisis sí existe. En resumen, el CEN es hogar de 866 especies de flora y fauna, de las cuales 54 son consideradas elementos críticos como especies raras, endémicas, vulnerables o en peligro de extinción. Contiene una gran diversidad de ecosistemas: bosques costeros, humedales herbáceos, manglares, pantanos de pterocarpus, playas arenosas y rocosas, arrecifes de coral, praderas de yerbas marinas y hasta una laguna bioluminiscente, entiéndase la laguna Aguas Prietas.

El Corredor forma parte del último segmento de la Sierra de Luquillo y une el Bosque Nacional El Yunque y la Reserva Natural Las Cabezas de San Juan.

Niegan información

Por su parte, la portavoz del Sierra Club en Puerto Rico, Camila Feibelman, negó que dicha organización solicitara la revisión de la designación del Corredor como reserva, según informó el viernes el titular de la Junta de Planificación.

“Eso es totalmente falso. El esfuerzo principal del Sierra Club en Puerto Rico ha sido la protección del Corredor como reserva natural”, dijo Feibelman, quien suministró cartas que el grupo le cursó a la Junta de Planificación pidiendo la aprobación del plan de manejo.