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La doble vara del estado contra las comunidades

25/04/2012
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El siguiente artículo fue escrito por la periodista Cándida Cotto y publicado el 24 de abril de 2012 en Claridad.

¿Qué tienen en común las comunidades de Piñones-Loíza, Cangrejos, en Santurce, una familia en San Isidro, Canóvanas y el anciano Don Andrés, en un bosque en Adjuntas? Sus historias están hilvanadas por unas concepciones particulares sobre la justicia, la propiedad y el medio ambiente practicadas por el estado, apuntó la experta en Derecho Ambiental, Érika Fontánez Torres.

Las nociones de justicia ambiental y el derecho a la tierra fueron discutidas por la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Fontánez Torres, durante la conferencia “La justicia ambiental y el derecho a la tierra: Construyendo una agenda de futuro para Puerto Rico”, que se llevó a cabo el 12 de abril en el Museo de Arte de Puerto Rico.

En su exposición, la profesora dejó patente la política del estado en Puerto Rico de proteger sólo a los propietarios cuya propiedad es valorada en el mercado, que sólo respeta la propiedad de quien accede a la riqueza, y les aplica un concepto utilitarista sobre el medio ambiente. Mientras, para el pobre, aplica unas políticas conservadoras donde usa hasta el máximo su poder para expropiarle sus espacios para ponerlo en las manos de esos propietarios ricos y una noción conservacionista o ecológica en lo que respecta al medio ambiente.

La diferencia con que actúa el estado en cuanto a aplicar la justicia ambiental y el derecho a la tierra dependiendo de quiénes son los propietarios, y la evolución del concepto de “propiedad de la tierra”, en Puerto Rico, discutidos por la profesora Fontánes Torres, reiteraron las denuncias que otros líderes comunitarios manifestaron sobre las experiencias de sus comunidades. Los ejemplos presentados son ilustres. En el caso de San Isidro, narró que las familias de este barrio están en riesgo de ser multadas y desalojadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés) por alegadamente haber rellenado el humedal sin permiso y construir allí sus viviendas. Comparó que mientras ésta es la actitud de la EPA hacia los residentes de San Isidro, a pocos pasos y en parte del mismo humedal esa misma agencia le concedió permiso a la compañía Walmart para construir una megatienda. Irónicamente, la EPA es una de las agencias que auspició la conferencia.

En el caso de los residentes del sector Cangrejos de Santurce, debido a la baja compensación que les dio el gobierno al expropiar sus casas que eran propiedad privada, no pudieron permanecer en la ciudad. Comparó que a pocas calles de Cangrejos hay residentes con casas millonarias, los cuales han cerrado el paso a la playa aludiendo a su derecho a “salvaguardar su propiedad”. Fontánez Torres afirmó que la mayoría de las controversias ambientales en el país tienen como protagonistas a los sectores más afectados quienes ya tienen desventajas socioeconómicas por lo que es “difícil cuestionar que las controversias de política medioambiental están vinculadas con las de justicia social”.

La licenciada presentó que la organización de las comunidades del G-8 y la creación del Fideicomiso de la Tierra, el cual es un mecanismo propietario con una función social que ayuda a mantener la tenencia de la tierra, superar la pobreza y remediar el problema del medio ambiente del caño de Martín Peña, es la historia que mejor ilustra la integración de los elementos de justicia, propiedad y medio ambiente.

Entre sus señalamientos que resumen la falta de justicia ambiental y la diferencia de política pública que exhibe el estado ante las comunidades abogó porque los reclamos a favor del medio ambiente deben incluir de manera inexorable los elementos de justicia social y el respeto a las comunidades como parte intrínseca del medio ambiente, o de lo contrario están abocadas al fracaso.

“Las medidas de justicia para remediar la falta de acceso a los recursos materiales y a los naturales deben propiciar nuevas relaciones sociales de poder. Se plantea la necesidad de que la distribución a la que se alude no sea exclusiva del ámbito material sino que incorpore medidas -como las adoptadas en el proyecto del Caño Martín Peña- para generar nuevas relaciones de poder. No es suficiente la redistribución de los recursos. Hay que asegurar que los aventajados no tengan todo el poder de definir las relaciones y los espacios”, recalcó la licenciada Fontánez Torres.

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