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Acuden al Supremo por el CEN

25/02/2012
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Por Héctor

Como trasfondo, recordemos que el gobernador Luis Fortuño derogó en el 2009 la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste  y la sustituyó por la Gran Reserva del Noreste. Esta última, a pesar de su nombre, dejó desprotegida gran parte de los valiosos terrenos que formaban parte de la reserva original, sin mencionar que como parte de su nueva configuración incluye viviendas, comercios, carreteras, gasolineras, entre otros elementos urbanos.  También incuye terrenos previamente protegidos como parte de otras reservas naturales, como Seven Seas y las Cabezas de San Juan. Increíblemente, muchos de los terrenos que quedaron fuera de la nueva reserva se encuentran en el corazón de la misma, en el mismo centro, y comprenden áreas de igual o mayor valor ecológico que aquellos incluidos.

Al presente, varias organizaciones comunitarias y ambientales se encuentran en los tribunales exigiendo la derogación de la nueva reserva y la restitución de la original. Como parte de ese pleito, el Tribunal de Apelaciones emitió una orden que establecía una prohibición a que se construyera en los terrenos que forman parte del Corredor Ecológico pero quedaron fuera de la nueva reserva establecida por el gobierno de turno. El propósito de esa orden era evitar que se destruyeran o alteraran los terrenos de alto valor ecológico antes de que el tribunal decidiera si deben o no ser protegidos. Dicha orden fue dejada sin efecto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en días recientes, abriendo así la puerta para que se construya en los terrenos antes de determinar si la nueva designación de reserva es o no válida. El efecto de esta determinación es que para cuando se determine, si así se hace, que los terrenos deben ser protegidos, es posible que éstos ya hayan sido modificados y no haya nada que hacer.

Es en ese contexto que se da la siguente noticia, que fue difundida por los medios esta semana:

Entidades y religiosos acuden al Supremo por CEN (noticel.com)

Por  Cybernews 20/02/2012 08:11 am

El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP), y líderes religiosos presentaron por separado varias peticiones para ser considerados como “amigos de la corte” por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

En sus peticiones, recomiendan y solicitan a su vez la restitución de una moratoria emitida por el Tribunal Apelativo (TA) prohibiendo la otorgación de permisos de construcción en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN), la cual había sido revocada preliminarmente por el alto foro judicial a petición de la administración del gobernador Luis Fortuño.

El obispo de la Diócesis de Fajardo-Humacao de la Iglesia Católica, monseñor Eusebio Ramos Morales, y el pastor general de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico (IEUPR), reverendo Edward Rivera Santiago se unieron al pedido.

“Nos sentimos sumamente honrados por el interés y la posición expresada por el CAAPPR y la SPP, por ser estas dos de las organizaciones profesionales con mayor peritaje en asuntos sobre la planificación de los usos del terreno en la Isla, así como por el respaldo del monseñor Ramos y el reverendo Rivera, ya que la conservación y desarrollo sostenible del Corredor significa en primera instancia un asunto moral y de justicia social”, expresó en un comunicado Angie Colón, presidenta de la Coalición Pro CEN , y residente de Luquillo.

El CAAP y la SPP señalaron en sus escritos, entre otros asuntos, que la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) debieron haber preparado una declaración de impacto ambiental con el fin de evaluar los posibles impactos ambientales que el nuevo plan de usos de terrenos pudiera ocasionar sobre el Corredor y áreas adyacentes en la falda de El Yunque. Sobre todo, cuando ambas agencias han reconocido por décadas que dicha zona alberga recursos naturales de extraordinario valor ecológico cuya condición ha estado amenazada por el desparrame urbano.

Alegaron que, en cambio, ninguna de las agencias cumplió con este requisito de ley, proponiendo en vez la exclusión de más de 450 cuerdas en el Corredor protegidas originalmente como reserva natural, y que ahora podrían ser urbanizadas junto a otros terrenos en la falda de El Yunque. El nuevo plan de usos de terrenos fue aprobado eventualmente, aún con las objeciones de más de 200 entidades e individuos, entre los que se destacan el Servicio Forestal Federal, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, y el Fideicomiso de Conservación.

Por su parte, el Obispo de la Diócesis de Fajardo-Humacao, conocida también como la Diócesis del Yunque, y el pastor general de la IEUPR, expresaron su preocupación por el efecto que la derogación de la moratoria pudiera tener sobre la confianza en el sistema judicial del país y su efectividad en resolver de forma justa cualquier controversia o conflicto planteado por la ciudadanía. Esto, debido que al derogar la moratoria y el gobierno otorgar permisos de construcción, se convertiría en académico el recurso de revisión radicado en el Tribunal Apelativo por las organizaciones e individuos pertenecientes a la Coalición y en el que impugnan la aprobación del nuevo plan, dejando sin remedio o amparo judicial a los demandantes.

El monseñor Ramos señaló en su escrito que “el desarrollo de estructuras con fines lucrativos, como lo que se pretende realizar en el CEN, no puede arriesgar la Naturaleza y sus recursos, que son limitados, respondiendo a objetivos inmediatos y eludiendo el compromiso social y moral que a todos nos incumbe.”

Mientras, el reverendo Rivera concluyó su posición exhortando a los jueces del Tribunal Supremo “a actuar y promover en todas sus decisiones, un desarrollo sostenible que garantice el equilibrio de los ecosistemas, incluyendo el sistema de trabajo, y, al mismo tiempo, que tenga sentido de solidaridad para con las generaciones futuras. Éstas tienen derecho a una sociedad equitativa, justa y participativa y que posea un medio ambiente saludable.”

Las organizaciones e individuos pertenecientes a la Coalición tienen hasta mañana martes para someter su solicitud de reconsideración al Tribunal Supremo para que restituya la moratoria de permisos de construcción en el CEN.

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