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Perdemos las playas

24/10/2012

Amanecer en Costa Azul, Luquillo, PR.

El siguiente artículo fue publicado en El Nuevo Día el 23 de octubre de 2012

Por Dr. Aurelio Mercado-Irizarry*

El 1ro. de febrero de 2008 se publicó en este diario un artículo de este autor alertando sobre el aumento en el nivel del mar y sus consecuencias nefastas para nuestras playas.

Cinco años y medio más tarde, se ha corroborado esa predicción. En los últimos meses hemos sido informados de que la isla de Palominito está desapareciendo, de cómo la playa del sector de Ocean Park “está siendo tragada por el mar” (Primera Hora, 3 de octubre de 2012), de cómo la playa de Córcega en Rincón se ha quedado sin arena después de la tormenta Isaac, de cómo la estación de la AEE a donde llega el cable que le suple electricidad a Vieques ya se encuentra literalmente en el agua y hay que moverla, y de muchísimas otras playas que están desapareciendo.

Aunque en algunos de los casos la playa trata de recuperarse, cuando se examinan fotos aéreas antiguas se puede observar claramente la crónica tendencia de achicamiento de las playas en la Isla.

Aunque es el ser humano la causa principal directa que más afecta las playas por varias razones, lo que ha pasado en el último par de meses debe de servir de alerta sobre el impacto de la subida en el nivel del mar. No es fácil predecir cuál será el impacto en una playa dada, debido a ese aumento.

Pero una regla sencilla, adoptada en muchos estudios (incluyendo las Naciones Unidas), nos dice que por cada unidad de aumento una playa de arena retrocede (se erosiona) por un factor mucho mayor que esa unidad de aumento en el nivel del mar.

Desproporcional

Ese factor se ha observado que puede variar entre aproximadamente 30 hasta 300. La ONU ha adoptado un valor de 100. Esto es, por cada metro que sube el nivel del mar se pierden 100 metros de playa. En otras palabras, lo que se pierde de playa es desproporcional a lo que sube el océano.

Debido a lo que se ha reseñado en la prensa, decidí acudir a la fuente oficial sobre el aumento en el nivel del mar alrededor de la Isla. Estos son los mareógrafos en la bahía de San Juan (funcionando desde 1962) y el de isla Magueyes (funcionando desde 1955). Y cuál fue mi sorpresa.

En Puerto Rico, salvo por pocas excepciones, el máximo del nivel del mar ocurre durante el mes de octubre de cada año.

Los últimos datos del nivel del mar promedio mensual que están hasta ahora disponibles en ambos mareógrafos son para el mes de septiembre, y estos muestran que en ambos mareógrafos se han roto récords históricos en la elevación del nivel promedio del mar: isla Magueyes 0.163 metros, San Juan 0.189 metros.

Debido a que faltan los datos de octubre del presente año, es de esperarse que este año se sobrepasen por mucho los récords históricos de promedios mensuales para la costa norte y sur.

Esto debe de estar relacionado con los récords en temperatura que hemos tenido en la Isla durante los últimos meses.

Ya que para el 2100 se espera cerca de un metro promedio global, estas cantidades no son descartables, y ya vemos los efectos.

Urgente

Todo esto apuntala la necesidad urgente de proteger las playas que nos quedan, prohibiendo la construcción cerca de la orilla actual, tema que es crucial que se incluya en cualquier plan de uso de terrenos.

Esto hay que hacerlo mediante la implantación de una línea de separación de construcción basada en criterios científicos, como se ha hecho y se está haciendo en muchísimos lugares del planeta. De no ser así, habrá que resignarse a un Puerto Rico sin playas mucho antes de lo esperado.

*El autor es profesor de Oceanografía en el RUM y colaborador del programa Sea Grant/UPR.

Designado el Coquí Llanero como especie en peligro de extinción

20/10/2012

Coquí Llanero (Eleutherodactylus juanriveroi). Foto: Alberto López ©

El siguiente artículo fue publicado en El Nuevo Día el 4 de octubre de 2012 bajo el título: “Federales protegen coquí a punto de desaparecer”.

Por ELNUEVODIA.COM

El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (USFWS, por sus siglas en inglés) anunció ayer que el  coquí llanero, común en la zona de Toa Baja, recibirá la protección que otorga la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción (ESA por sus siglas en inglés), decisión que entrará en vigor el 5 de noviembre próximo.

“El coquí llanero podría extinguirse en un futuro cercano”, comenzó por alertar la agencia mediante comunicado de prensa.

“Los biólogos del USFWS contaron con el insumo del público y la comunidad científica para identificar 615 acres en Toa Baja, Puerto Rico, dentro de un humedal que contiene vegetación esencial para la conservación de la especie. Del total de acres identificados, 15.8% son terrenos manejados por el gobierno de Puerto Rico y 84.2% son manejados por el gobierno federal”, se informó.

Según los datos detallados por la agencia federal, el coquí llanero es una especie de rana que habita en un humedal en Toa Baja, Puerto Rico, y es el más pequeño de los 17 coquíes de Puerto Rico. “Contrario a la mayoría de los anfibios, pasa toda su vida en las plantas del humedal, específicamente entre los helechos, ciperáceas, sagitaria, bejucos y gramíneas, que son esenciales para su supervivencia”, agregó el parte de prensa.

El USFWS designó al coquí llanero candidato a protección bajo el ESA en el 2009 “debido a la posible destrucción, modificación y reducción de su hábitat, en el pasado, presente o futuro”. La destrucción y modificación de su hábitat, depredación, falta de mecanismos regulatorios adecuados, una baja capacidad reproductiva y requisitos ecológicos altamente especializados, continúan amenazando la especie, advirtió el Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre.

Aunque la agencia todavía evalúa si será necesario extender la zona esencial para la conservación de la especie o “hábitat crítico”, para incluir áreas recomendadas por ciudadanos que participaron en las vistas públicas previas a la designación, recalcó que dueños o manejadores de terrenos públicos y privados deben cumplir con las provisiones del ESA para proteger las especies amenazadas y en peligro de extinción en sus terrenos.

Reaparece el Carrao en Puerto Rico

22/09/2012

La siguiente historia fue publicada por Puerto Rico eBird

Si descubrir una especie es una gran noticia, redescubrir una especie desaparecida también es motivo de celebración. Muchas veces recordamos con nostalgia aquellas aves que una vez fueron comunes, tales como el cuervo cuelliblanco (Corvus leucognaphalus), pero que, por una razón u otra, dejaron de pasearse por nuestros entornos. Es por eso que el reciente avistamiento en Puerto Rico de un ave considerada durante mucho tiempo como extirpada, puede considerarse como uno de los más importantes en los últimos sesenta años.

Y es que el pasado 10 de julio de 2012, en una finca privada ubicada en la región este de Puerto Rico, Hilda Morales Nieves de Birding Puerto Rico, observó un ave que no logró identificar de primera instancia, aunque sí pudo fotografiarla. Las fotos confirmaron lo que ella ya sospechaba: ¡un Carrao!

Foto: Hilda Morales

Este avistamiento resulta sumamente importante, pues el Carrao (Aramus guarauna) era una especie residente en Puerto Rico que, debido a la cacería y la destrucción de hábitat, llegó a considerarse extirpada. Ya para el 1936, se consideraba un ave extremadamente rara, según el Dr. Stuart T. Danforth en su libro Los pájaros de Puerto Rico.  El último informe documentado ocurrió en el lago Loíza cerca del municipio de Caguas. Se podría decir que es la primera foto testimonial que se tiene del carrao, ya que, según lo que se sabe hasta ahora, las anteriores fueron tomadas de especímenes.

Existen cuatro subespecies de esta ave en el mundo. Al tratarse de una subespecie (A. g. elucus)  que solamente existe en la República Dominicana, donde se encuentra amenazada, y en Puerto Rico, su avistamiento crece en importancia. Por otro lado, la subespecie  A. g. pictus habita en Cuba, Las Bahamas y el sureste de Estados Unidos, mientras que la A.g. dolosus puede encontrarse desde México hasta Panamá y la A. g. guarauna, en Suramérica.

Carrao soleándose. Aunque corresponde a la misma especie, el individuo en la foto no fue el avistado en Puerto Rico. Foto: Pamala Wilson 2007 (licencia creative commons)

Debido a la gran significancia de este avistamiento en la isla y por haber ocurrido en una finca privada, no se divulgará el lugar exacto del avistamiento hasta tanto se realicen los estudios poblacionales correspondientes.

Científicos y la reciente opinión del Supremo invalidando protección al coquí llanero

08/07/2012

El siguiente escrito fue publicado por Microjuris

Un grupo de científicos, ex funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), expresan su sentir sobre la reciente opinión del Tribunal Supremo.

En un pleito legal sin precedentes, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió el pasado 30 de mayo de 2012 invalidar las designaciones hechas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en el 2007 y que listaba al Coquí Llanero como Especie en Peligro Crítico de Extinción y designaba como Hábitat Natural Crítico Esencial el lugar donde este habita en el municipio de Toa Baja, Puerto Rico. La decisión contó con seis votos a favor de revocar la designación y protección del Coquí Llanero y su hábitat, con la abstención de los jueces Hon. Federico Hernández Denton y Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez y el voto disidente de la jueza Hon. Liana Fiol Matta.

El Coquí Llanero, Eleutherodactylus juanariveroi, fue descubierto en el año 2004 en un humedal ubicado en el municipio de Toa Baja, único lugar donde se conoce la existencia de la especie. En aquel entonces, el DRNA y su cuerpo de asesores científicos y legales realizaron todas las gestiones pertinentes para listar y proteger el hábitat de la especie. Dicho esfuerzo culminó con la designación del coquí como especie en peligro crítico de extinción y de su hábitat crítico esencial.

Posteriormente, la determinación del DRNA fue impugnada por el Municipio de Toa Baja y la compañía Forest City Group, Inc. y su subsidiaria en Puerto Rico, Sabana Seca Land Management, LLC, contratistas del US NAVY a cargo de disponer de los terrenos de la antigua base naval en Sabana Seca, Toa Baja. Los recursos legales impuestos para evitar la designación del Coquí Llanero como especie en peligro de extinción y la protección de su hábitat tienen su base en el empeño de los demandantes de desarrollar proyectos de construcción y la expansión del vertedero municipal en parte del hábitat crítico esencial de tan amenazada especie.

El anuncio sobre la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico se divulgó al público el pasado 11 de junio por el periódico El Nuevo Día en su versión electrónica, con el título “Tribunal Supremo confirma decisión sobre el Coquí Llanero” y el subtítulo “El DRNA designó al Coquí Llanero como especie en peligro crítico de extinción y su hábitat como uno natural crítico”. La edición de esta noticia, sin embargo, fue muy confusa y dio la impresión de que en realidad el Tribunal Supremo validó las designaciones hechas por el DRNA en beneficio de la conservación del Coquí Llanero cuando en efecto, con su decisión, el Tribunal Supremo de Puerto Rico da una estocada a los intentos de salvar la especie de extinguirse.

Como medida de salvación, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos de América (USFWS en inglés), anunció que está trabajando en la fase final del documento para la designación de la especie en peligro de extinción y la designación de su hábitat. Este aviso del USFWS parece haber complacido a los legisladores y al propio DRNA. Cabe mencionar que la protección que puede extender el gobierno federal a la especie y su hábitat es una muy limitada, pues aplica principalmente a proyectos federales o sufragados en todo o parte por fondos federales. El “Endangered Species Act” de 1973, provee para que cada agencia federal, en consulta con el Secretariado del Interior, asegure que toda medida autorizada, financiada o llevada a cabo por estas agencias no afecten la supervivencia de las especies amenazadas o en peligro de extinción o puedan resultar en la destrucción o modificación adversa del hábitat de esas especies. De otra manera, si no hay fondos federales involucrados o se trata de un proyecto federal, la jurisdicción del USFWS se limita a la existencia de lo que la ley denomina como un “taking”. Es decir, el gobierno federal no puede impedir un desarrollo en el hábitat designado si no hay evidencia fehaciente y directa de que se afectó la especie. Es por ello que el Congreso de los Estados Unidos de América delegó poderes a los estados, incluyendo sus territorios, para que pudieran ser más restrictivos en la protección de la vida silvestre.

Vale mencionar que el USFWS se dispone a designar como Hábitat Crítico apenas un 15% del área originalmente designada para conservación por el DRNA. Le corresponde a cada estado, en este caso Puerto Rico, a través de sus leyes y reglamentos listar las especies consideradas vulnerables o en peligro de extinción y la protección de su hábitat. Sin esta protección estatal, la supervivencia del Coquí Llanero, está en peligro.

Como conocedores de primera mano del proceso orientado a la protección y conservación del Coquí Llanero y de su hábitat, estamos en la obligación moral de aclarar a la ciudadanía algunos pormenores sobre este caso. De manera sucinta, la opinión del alto foro judicial en contra de la designación del Coquí Llanero y su hábitat se basó en que tal designación se considera una enmienda al reglamento que rige las especies vulnerables y en peligro de extinción, y como tal, el DRNA falló al no presentar el documento de designación en el Departamento de Estado.

El requerimiento procesal de acudir al Departamento de Estado para presentar la “alegada” enmienda fue discutido a cabalidad por el personal legal y técnico del DRNA. En aquel entonces se consultó con el Departamento de Estado al respecto y la respuesta fue que la designación no constituía una enmienda al reglamento, por lo que no procedía su presentación. Despierta pues nuestra suspicacia que el DRNA no haya utilizado este hecho al argumentar el caso ante el Tribunal Supremo.

Aun cuando no estamos de acuerdo con la opinión del Tribunal Supremo emitida el 30 de mayo de 2012, y sí con la opinión disidente (puesto que se trata de implementar un reglamento y no de enmendarlo), todo lo que tiene que hacer el DRNA, si quiere proteger la especie y su hábitat, es acudir al Departamento de Estado y presentar la “alegada” enmienda. Sin embargo, el DRNA no lo ha hecho, claudicando su responsabilidad y delegando un vez más, sus poderes a una determinación del USFWS, que a todas luces no posee las garras para alcanzar una verdadera protección.

Entendemos que la secuencia de eventos, -desde la omisión de hechos, la débil defensa y argumentación, a la falta de acción- que culminaron en tan funesta decisión por el más alto foro del País puede haber sido causada por la negligencia y desinterés del DRNA en proteger la especie. Responsabilizamos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a su Secretario, Daniel Galán Kercadó, por propiciar tan funesta decisión.

Atentamente,

Neftalí Ríos, Biólogo
Daniel Dávila, Biólogo
José Luis Chabert, Biólogo
Alberto Puente, Biólogo
Maritza Santiago, Lcda.

Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste desmiente al Secretario del DRNA

23/05/2012

El siguiente comunicado fue publicado por la Coalición Pro CEN

San Juan, PR – En la mañana de hoy, y a través de la radio, el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán Kercadó, señaló que tiene objeciones a la aprobación del P. del S. 2282 debido a que la medida contiene, alegadamente, errores en los números de catastro del CRIM que identifican las fincas pertenecientes al Corredor Ecológico del Noreste (CEN) y aquellos terrenos públicos que serán designados como reserva natural. Indicó que le comunicará dichas objeciones al Gobernador.

Camilla Feibelman, coordinadora del capítulo local del Sierra Club y miembro de la Coalición Pro CEN, aclaró que “estas alegaciones son maliciosas, por lo que es importante señalar lo siguiente:

1. Los números de catastro contenidos en el proyecto de ley fueron tomados del Plan y Reglamento Especial de la Gran Reserva del Noreste, documento que el propio Secretario preparó y aprobó.

2. En caso de que estos datos estuviesen incorrectos, y preveyendo que cualquier posible discrepancia, real o falsa, fuera a ser utilizada como excusa para objetar la aprobación del proyecto de ley, la medida provee en su lenguaje otras referencias que ayudan a despejar de cualquier duda sobre cuales son los terrenos que comprende el CEN, y cuales son los que serán designados como reserva natural. Por ejemplo:

En la Exposición de Motivos se hace una descripción detallada de cuales son las fincas públicas en el Corredor,su cabida, y a que agencia o corporación pública pertenecen. En el Artículo 4,se provee una descripción detallada de los lindes del CEN,no tan solo de las fincas que lo componen según el número de catastro del CRIM,sino también una descripción física de las estructuras y comunidades que lo rodean, así como las cordenadas (latitud y longitud) en que se encuentra demarcado. El informe rendido por la Comisión de Urbanismo e Infraestrura y la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado,en su exhibit o anejo 1,contiene un mapa delimitando gráficamente los límites del CEN.”

A los miembros de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noeste les es importante aclarar y desmentir estas alegaciones mal intencionadas del Secretario Galán Kercadó.

Este pasado lunes, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó 42 a 0,el Proyecto del Senado 2282 (P. del S. 2282), designando como reserva natural todos los terrenos públicos en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN). De esta manera y en un acto sin precedente en lo que va del presente cuatrienio, dicho cuerpo legislativo se unió unánimemente al Senado, cuyos miembros habían votado de igual manera a favor de este proyecto de ley.

El Guaraguao

25/04/2012

Por Héctor

El Guaraguao Colirrojo (Buteo jamaicensis) es uno de los halcones más comunes y de más amplia distribución en Puerto Rico. Puede vérsele en bosques, humedales, urbanizaciones, áreas urbanas y jardines sobrevolando a gran altura o posado en la copa de algún árbol mientras escudriña sus alrededores buscando alimento.


El Guaraguao es un ave grande de plumaje marrón con las plumas de la cola rojizas. Sin embargo, el color rojo de su cola no siempre es visible, por lo que ésta no es la mejor característica para identificarla. En cambio, su tamaño y el color marrón de su cabeza, espalda y banda pectoral son marcas más confiables.

Durante la mayor parte del año, éste es uno de los pájaros más grandes que pueden observarse sobrevolando el interior isla.

Como alude su nombre, desde ciertos ángulos la cola del Guaraguao Colirrojo se ve rojiza. Foto: Alberto López ©

Hay varias especies de aves que  pueden parecerse al Guaraguao, especialmente mientras vuelan. El Aura Tiñosa, un buitre grande y de plumaje oscuro, se ve comúnmente y durante todo el año volando a gran altura en el suroeste de la isla, por lo que pueden confundirse.  También puede parecérsele el Águila de Mar, un ave  grande que  puede observarse sobrevolando áreas costeras y ríos durante el invierno.

Guaraguao sobrevolando. Foto: thefixer (licencia creative commons)

Esta ave se alimenta de roedores, lagartos, aves, insectos y cangrejos, entre otros animales.

Foto: Alberto López ©

El Guaraguao Colirrojo se encuentra ampliamente distribuido: habita desde Alaska hasta América Central y el Caribe Insular. Esta ave anida principalmente en la copa de árboles altos desde donde pueden ver a plenitud el paisaje. También pueden anidar en estructuras artificiales como postes, ventanas y edificios. Ambos padres construyen el nido, empollan los huevos y alimentan los polluelos. Si deseas ver esta especie alimentando sus crías en vivo cortesía del Laboratorio de Ornitología de Cornell, haz click aquí.

La doble vara del estado contra las comunidades

25/04/2012
de

El siguiente artículo fue escrito por la periodista Cándida Cotto y publicado el 24 de abril de 2012 en Claridad.

¿Qué tienen en común las comunidades de Piñones-Loíza, Cangrejos, en Santurce, una familia en San Isidro, Canóvanas y el anciano Don Andrés, en un bosque en Adjuntas? Sus historias están hilvanadas por unas concepciones particulares sobre la justicia, la propiedad y el medio ambiente practicadas por el estado, apuntó la experta en Derecho Ambiental, Érika Fontánez Torres.

Las nociones de justicia ambiental y el derecho a la tierra fueron discutidas por la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Fontánez Torres, durante la conferencia “La justicia ambiental y el derecho a la tierra: Construyendo una agenda de futuro para Puerto Rico”, que se llevó a cabo el 12 de abril en el Museo de Arte de Puerto Rico.

En su exposición, la profesora dejó patente la política del estado en Puerto Rico de proteger sólo a los propietarios cuya propiedad es valorada en el mercado, que sólo respeta la propiedad de quien accede a la riqueza, y les aplica un concepto utilitarista sobre el medio ambiente. Mientras, para el pobre, aplica unas políticas conservadoras donde usa hasta el máximo su poder para expropiarle sus espacios para ponerlo en las manos de esos propietarios ricos y una noción conservacionista o ecológica en lo que respecta al medio ambiente.

La diferencia con que actúa el estado en cuanto a aplicar la justicia ambiental y el derecho a la tierra dependiendo de quiénes son los propietarios, y la evolución del concepto de “propiedad de la tierra”, en Puerto Rico, discutidos por la profesora Fontánes Torres, reiteraron las denuncias que otros líderes comunitarios manifestaron sobre las experiencias de sus comunidades. Los ejemplos presentados son ilustres. En el caso de San Isidro, narró que las familias de este barrio están en riesgo de ser multadas y desalojadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés) por alegadamente haber rellenado el humedal sin permiso y construir allí sus viviendas. Comparó que mientras ésta es la actitud de la EPA hacia los residentes de San Isidro, a pocos pasos y en parte del mismo humedal esa misma agencia le concedió permiso a la compañía Walmart para construir una megatienda. Irónicamente, la EPA es una de las agencias que auspició la conferencia.

En el caso de los residentes del sector Cangrejos de Santurce, debido a la baja compensación que les dio el gobierno al expropiar sus casas que eran propiedad privada, no pudieron permanecer en la ciudad. Comparó que a pocas calles de Cangrejos hay residentes con casas millonarias, los cuales han cerrado el paso a la playa aludiendo a su derecho a “salvaguardar su propiedad”. Fontánez Torres afirmó que la mayoría de las controversias ambientales en el país tienen como protagonistas a los sectores más afectados quienes ya tienen desventajas socioeconómicas por lo que es “difícil cuestionar que las controversias de política medioambiental están vinculadas con las de justicia social”.

La licenciada presentó que la organización de las comunidades del G-8 y la creación del Fideicomiso de la Tierra, el cual es un mecanismo propietario con una función social que ayuda a mantener la tenencia de la tierra, superar la pobreza y remediar el problema del medio ambiente del caño de Martín Peña, es la historia que mejor ilustra la integración de los elementos de justicia, propiedad y medio ambiente.

Entre sus señalamientos que resumen la falta de justicia ambiental y la diferencia de política pública que exhibe el estado ante las comunidades abogó porque los reclamos a favor del medio ambiente deben incluir de manera inexorable los elementos de justicia social y el respeto a las comunidades como parte intrínseca del medio ambiente, o de lo contrario están abocadas al fracaso.

“Las medidas de justicia para remediar la falta de acceso a los recursos materiales y a los naturales deben propiciar nuevas relaciones sociales de poder. Se plantea la necesidad de que la distribución a la que se alude no sea exclusiva del ámbito material sino que incorpore medidas -como las adoptadas en el proyecto del Caño Martín Peña- para generar nuevas relaciones de poder. No es suficiente la redistribución de los recursos. Hay que asegurar que los aventajados no tengan todo el poder de definir las relaciones y los espacios”, recalcó la licenciada Fontánez Torres.

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